Todos los años, por estas fechas, muchas familias tienen que
tomar la importante decisión de seleccionar colegio para sus
hijos. Es su deber y es su derecho; en la elección se juegan
nada menos que gran parte de su futuro humano y profesional.
Pero este derecho fundamental, consecuencia de los valores
de pluralismo y libertad de nuestra sociedad, se encuentra
frecuentemente condicionado, por la excesiva demanda hacia
algunos centros y la escasa hacia otros. No salen las
cuentas. Mientras unos no pueden satisfacer a todos los
padres, en otros hay plazas en demasía. Esta ecuación han de
resolverla los poderes públicos que están para cubrir las
demandas legítimas de los padres, verdaderos responsables de
la educación de sus hijos. Los deseos de los padres no son,
fundamentalmente, puro capricho, lo que pretenden es lo
mejor para sus hijos y el buen gobernante debe, en lo
posible, satisfacer esos deseos.
La solución no pasa por limitar la capacidad de los centros
de mayor aceptación, sino por el contrario permitir una
ampliación de su oferta, aumentando el número de aulas
concertadas; pero a la vez, sería muy oportuno hacer una
profunda reflexión sobre la baja demanda de otros centros,
con presupuestos superiores y con profesionales iguales o
mejores, generalmente gestionados por la Administración.
No es momento de entrar en la trasnochada polémica de
centros públicos y centros privados. La enseñanza solo es
buena o es mala, y en este caso la valoración y aceptación
la hace, como siempre, el cliente, es decir, los padres.
La Ley de Calidad de la Enseñanza, aprobada en el Parlamento
anterior, y bloqueada exclusivamente por razones políticas,
por el Gobierno actual, trataba de mejorar esta situación;
pero en cualquier caso, repetiremos una vez más que el tema
de la Enseñanza es lo suficientemente importante para un
país, como para no sufrir los vaivenes de la política, y que
un consenso lo más amplio posible entre las fuerzas
políticas y sociales, es de urgente necesidad.
* Orientador Familiar
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