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El sistema de comunicación judicial digital, Lexnet, “va por
buen camino”. Así lo confirmó la secretaria del Gobierno de
Justicia, Josefa Vilar, quién explicó que las tarjetas
necesarias para la firma digital de cada persona “parece que
se han recibido pero no se encuentran y estamos localizando
a la persona que firmó la recepción”.
Lexnet, el nuevo sistema de comunicación judicial digital
“va por buen camino y estamos en marcha”, explicó Josefa
Vilar, la secretaria del Gobierno de Justicia. El protocolo
de implantación está creado, los equipos preparados aunque
para su puesta en funcionamiento resulta esencial la tarjeta
necesaria para la firma digital de cada persona, que “parece
que ya se han recibido pero no se encuentra la firma de la
recepción, que estamos investigando”, apostilló Vilar.
Además, “ya tuvimos la reunión con los procuradores la
semana pasada y todo está preparado para su implantación,
que será dentro de un mes en cuanto acabemos la formación en
Minerva, que es la aplicación procesal con la que luego se
accederá a Lexnet”, añadió.
Este sistema es un medio de transmisión de datos basado en
el correo electrónico y la firma digital que permite la
comunicación entre todos los operadores jurídicos, tanto
para la salida como para la entrada de documentos, siendo un
paso más hasta llegar al expediente digital.
Tal y como se explicó en la presentación de Lexnet, el
pasado 10 de marzo, la implantación de este sistema será
progresiva y se iniciará en los seis órganos mixtos, en el
servicio común, en menores y en los dos penales. Los dos
juzgados de lo Contencioso, el abogado del Estado y el
abogado de la Ciudad, serán los siguientes en sumarse a la
carrera del este sistema digital. Un nuevo método que
implica modernidad y homogeneidad en los procesos
judiciales.
El sistema Lexnet añade a las garantías de autenticidad,
integridad y no repudio que proporciona la firma electrónica
reconocida, mediante los mecanismos técnicos adecuados, la
de confidencialidad en las comunicaciones y la de sellado de
tiempo.
Su implantación se enmarca en el plan de modernización de la
Administración de Justicia, que exige, para alcanzar una
realidad judicial informatizada, la incentivación del uso de
nuevas tecnologías en los sistemas de gestión procesal, para
que las formas de trabajo desempeñado en las oficinas
judiciales evolucionen y se adapte a la sociedad de la
información.
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