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El portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, defendió
en el transcurso de la jornada de ayer la actuación de la
Administración local en la subasta de una parcela donde se
ubica el antiguo Cuartel de Valenzuela, que el Ministerio de
Defensa cedió a la Ciudad Autónoma en virtud de un convenio
de colaboración en 1994. A este respecto y según destacaba
el portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, el
proceso que se ha llevado a cabo desde la Ciudad en este
asunto ha sido “transparente, acorde con los procedimientos
establecidos y respetando todos los derechos”.
El terreno del antiguo cuartel de Valenzuela, ubicado en el
Polígono Industrial Sepes, fue subastado en 1998 a la
empresa 'Nueva Melilla y Asociados', que hace varias semanas
solicitó una autorización para construir un centro
comercial, lo que ha sido motivo de denuncia pública por
parte de Coalición por Melilla (CPM), que acusa al Gobierno
local de “hacer negocio” con terrenos de Defensa al no
destinar los terrenos a la construcción de viviendas
sociales.
En rueda de prensa, Conesa negó ayer las acusaciones
cepemistas y defendió la actuación de la Ciudad Autónoma en
los últimos años respecto a este terreno, al recordar que el
convenio con el Ministerio de Defensa “permitía el uso que
se le ha dado” a ese terreno.
Sobre esta cuestión, Conesa afirmó que el convenio tenía
como objetivo “permitir y garantizar al Ayuntamiento la
obtención de suelo para la construcción de VPO, viviendas de
precio tasado y áreas de esparcimiento municipal y de
equipamiento”. “El convenio no califica qué clase de
equipamiento es, por lo que puede ser de distinto tipo, como
sanitario, educativo, industrial, comercial, etc”,
puntualizó Conesa, quien dijo que el Ministerio de Defensa
“nunca puso objeción a la modificación urbanística de la
parcela ni a los trámites posteriores”.
La parcela del antiguo cuartel de Valenzuela está calificada
en el PGOU como suelo industrial y equipamiento secundario
compatible con uso comercial por orden del Gobierno de
Ignacio Velázquez en la década de los 90, una calificación
urbanística que, según Conesa, no supone un incumplimiento
del convenio de colaboración del Ministerio de Defensa.
El portavoz insistió en que la subasta del terreno y la
posterior recalificación urbanística se han realizado
mediante un “proceso transparente, acorde con los
procedimientos establecidos y respetando los derechos de
audiencia y exposición pública”, de modo que “si aquí hay
negocio, será un negocio legítimo entre los propietarios del
terreno”.
Por todo ello, el portavoz negó las acusaciones de CPM,
partido al que reprochó su “hipocresía, cinismo e
incoherencia” porque “lanzan una denuncia velada cuando
ellos fueron los primeros en participar en este trámite”
cuando lideraban el Gobierno de la Ciudad Autónoma entre
1999 y 2000.
En este sentido, Conesa ofreció una serie de “fechas clave”
en el procedimiento de los terrenos del Cuartel de
Valenzuela, que demuestran que CPM, cuando tuvo
responsabilidades de Gobierno, actuó en el mismo sentido que
el actual Ejecutivo de Imbroda respecto a este asunto.
Así, el 10 de junio de 1998, cuando el Gobierno estaba en
manos de Enrique Palacios y el consejero de Medio Ambiente
era Mustafa Aberchán, se sacó a subasta por 2.190.000 euros
la parcela del Cuartel de Valenzuela por tercera vez, ya que
en las dos ocasiones anteriores quedó desierta. El 27 de
julio de 1998, el Consejo de Gobierno, presidido por
Palacios, adjudicó provisionalmente la parcela al mejor
postor, que fue la empresa ‘Nueva Melilla y Asociados’,
cuestión que fue votada a favor por Aberchán.
El 27 de enero de 1999, el mismo Gobierno formalizó la
escritura de compra-venta. En noviembre de ese año, cuando
Aberchán ya era presidente del Gobierno melillense, la
empresa propietaria de los terrenos propuso que se
calificaran con uso industrial compatible con comercial. El
21 de enero de 2000, el Consejo de Gobierno, presidido por
Crispín Lozano por ausencia de Aberchán, aprobó de forma
provisional el Plan Especial de Ordenación Urbanística de
Valenzuela, que contó con los votos favorables de miembros
de CPM como José Megías, Cecilia González y Abdelhamid
Mohamed.
Posteriormente, este asunto quedó paralizado y, al cabo de
cuatro o cinco años, los propietarios del terreno instaron
al Gobierno a que retomara el trámite del Plan Especial de
Ordenación Urbanística de la parcela, por lo que se abrió un
proceso de información pública. “Y así hemos llegado a la
situación actual”, concluyó Conesa el repaso cronológico.
Situación actual
El portavoz informó además de que, hasta el momento, la
Ciudad Autónoma sólo ha recibido una petición de los
propietarios del terreno para la concesión de una licencia
de edificación de una gran superficie comercial, a lo que la
Consejería de Fomento ha respondido que antes deben pedir
una licencia comercial al superar los 2.500 metros
establecidos legalmente. Sin embargo, los promotores no han
presentado esta solicitud y el procedimiento se encuentra
actualmente paralizado desde hace unos dos meses.
La Ciudad está a la espera de que se presente esa solicitud,
momento en el que se tramitará por el procedimiento
establecido para ello, que es el Reglamento Regulador
aprobado por la Asamblea para casos de licencia comercial
específica para grandes establecimientos comerciales.
No obstante, Conesa advirtió de que el escenario actual
podría cambiar de forma drástica en pocos meses, ya que el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha elaborado un
anteproyecto de Ley que regula los grandes establecimientos
comerciales, en el que se elimina cualquier restricción a la
libre competencia por imperativo de la Unión Europea.
De este modo, la Ciudad no podría denegar una licencia
comercial por razones económicas (como por ejemplo, el
perjuicio que se podría provocar a las PYMES la implantación
de una gran superficie comercial), sino que esa denegación
de licencia sólo podría darse por “criterios basados en
razones imperiosas de interés general relacionados con la
distribución comercial, como la protección del Medio
Ambiente y el entorno urbano, la ordenación del territorio y
la conservación del patrimonio histórico-artístico”.
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asamblea
