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A día de hoy la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE, antiguo INEM) está a la espera de la
publicación de una medida que supondrá una "modificación
importante" en lo que respecta a cómo se desarrolla el
sistema de baremación de los candidatos a participar en los
Planes Empleos.
Según adelantó el máximo responsable del SPEE en la ciudad,
Joaquín Arana, esta medida supondrá un cambio "bastante
bueno" en la relación empresario-trabajador; esto es, la
existente entre la Delegación de Gobierno o Ciudad Autónoma
y los desempleados contratados.
Sin embargo, a la Ciudad Autónoma presumiblemente es otros
de los cambios el que más le interesa. Y es que, con esta
modificación de la Orden Ministerial que regula los Planes
de Empleo se conseguirá lo que tanto tiempo se lleva
demandando, tal y como también ha pedido el Partido Popular.
Eso sí, el director provincial del SPEE, quiso ayer dejar
muy claro que esta actuación no se debe ni mucho menos por
las insistentes peticiones de populares y responsables
políticos del Ejecutivo melillenses -hace dos semanas era el
vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, quien
solicitaba de nuevo la publicación de las listas- sino que
la medida se ha tomado a raiz de una propuesta de un
sindicato con representación en la Comisión Ejecutiva
Provincial del SPEE.
De todas formas, Arana comentó igualmente que desde que se
encuentra al frente del SPEE en Melilla han sido varias las
modificaciones llevada a cabo en el proceso de selección y
contratación, y siempre con objeto de su mejora.
También relacionado con la transparencia en la gestión del
SPEE, aunque esta vez en relación a las subvenciones
otorgadas a ONG y entidades sin ánimo de lucro para el
fomento del empleo, fueron las declaraciones que realizó
Arana sobre la ayuda concedida a Acción Social sin
Fronteras, duramente criticada por el PP por, según
entienden, estar relacionada con Juventudes Socialistas.
Así, aprovechando su comparecencia, quiso defender la
concesión otorgada a esta ONG melillenses, que se elevaba
por encima de los 350.000 euros.
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Servicio
Público de Empleo Estatal
