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Hace unos días, la organización juvenil del Partido Popular
expresó su opinión sobre la reforma de la Ley del aborto, en
un comunicado en el que podíamos leer afirmaciones como
“asesinato de los más débiles, aquellos que no tienen voz
para defenderse” o “el niño y la mujer quedan desprotegidos
legalmente y con menos valor que la flora o la fauna”. Esta
organización usó, como es habitual, un discurso
absolutamente demagógico.
En primer lugar, esa nota de prensa presenta a las mujeres
como seres débiles e influenciables incapaces de decidir
sobre un asunto tan importante como su maternidad. Años de
lucha por la igualdad, a las NNGG de Ceuta no les han
convencido de la capacidad que tiene la mujer para decidir
sobre las cuestiones que les afectan, defendiendo un modelo
paternalista.
Hablan del menosprecio a la maternidad del Gobierno de
Zapatero, cuando éste es precisamente uno de los Gobiernos
de España que más ha luchado por proteger a la mujer y a la
maternidad, con leyes, alguna no apoyada por el PP, que han
hecho avanzar al país en este sentido.
Tampoco ha dudado esta organización en mentir sobre los
pronunciamientos de la comunidad científica en relación al
momento concreto en el que se origina la vida.
Hablan de “fomento de una mentalidad de permisivismo
sexual”, entendemos que refiriéndose a las muchas
iniciativas y campañas sobre educación sexual promovidas
desde el Gobierno socialista, dando muestras de su
posicionamiento junto a la derecha más reaccionaria.
Habría que explicarles también, que la edad de 16 años tiene
sentido si analizamos la actual Ley de Autonomía del
paciente. Dicha ley permite que, a partir de los dieciséis
años, una persona pueda decidir sin necesidad de
consentimiento ni conocimiento paterno sobre los
tratamientos médicos a los que quiere someterse. Desde 2002,
fecha en la que gobernaba el Partido Popular, se admite sin
discusión que una joven decida someterse a una operación de
cirugía estética y, en cambio, no se la considera preparada
para elegir ser o no madre.
Estos son los argumentos que utilizó NNGG para posicionarse
al lado del Vaticano y en contra del Gobierno en la
aplicación de esta ley. Sin embargo, en España se
despenalizó el aborto en 1985, habiendo pasado desde
entonces por la Moncloa dos Gobiernos populares, uno de
ellos con mayoría absoluta.
La interrupción voluntaria del embarazo no es más que el
derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, sobre su
futuro y sobre su vida.
La nueva ley viene a paliar las deficiencias de la actual,
que tiene ya 24 años, dando seguridad jurídica tanto a las
mujeres que tienen que tomar esa difícil decisión como a los
profesionales que las ayudan en esos momentos.
Es una ley avalada por los expertos, por una subcomisión
parlamentaria y que regula el aborto en base a criterios
análogos a otros países europeos como Alemania, Austria,
Francia, o Italia.
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OPINIÓN
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COLABORACIÓN
