OPINIÓN - MARTES, 21 DE ABRIL DE 2009

Nuevo proceso de escolarización

Los centros educativos públicos y concertados de Infantil y Primaria de la ciudad y los de Secundaria y Bachillerato están preparados para el aluvión de solicitudes de escolarización que desde hoy mismo empezarán a llegar. El plazo abierto por la Dirección Provincial de Educación vincula a las solicitudes para los colegios y las preinscripciones para los institutos. No obstante, lo más laborioso siempre para la Administración es la colocación de los nuevos alumnos que se incorporan al sistema. Más de 1.150 desde septiembre. Ceuta queda dividida en 25 zonas entre centros públicos y concertados donde la oferta educativa para el próximo curso la componen 22 colegios y 6 institutos. El Ministerio de Educación mantiene un baremo y una serie de condicionantes para que los aspirantes a la plaza acumulen puntos de cara a decidir quién tiene prioridad para acceder a la misma. Sin embargo el a veces cambiante criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ora dicta una resolución admitiendo las tesis de la administración educativa, ora dicta otra desdiciéndose y atendiendo a la voluntad de los padres de escoger el centro para sus hijos, fundamentalmente por la decisión paterna de que los hijos sean formados bajo los criterios y espíritu religiosos que sólo se aplican en colegios como la Inmaculada y los Agustinos, es sin duda una ‘patata’ bien caliente para la Dirección Provincial del MEPSYD en Ceuta, dado que el alto tribunal andaluz admite ahora que son los padres los que deben elegir el tipo de formación para sus hijos, lo que en cualquier caso abre la puerta de la Justicia para los que no admitan los posibles criterios de admisión de sus hijos en los centros escolares. La vía abierta en este tipo de reclamaciones y las resoluciones dictadas, contrarias unas veces sí, otras no, a los criterios del Ministerio, dejan el camino expedito para que, una vez agotadas las reclamaciones en sede provincial, se eleven a lo Judicial. Una senda nada halagüeña para el interés general en función de los derechos inalienables del individuo como tal, que ha de estar también defendidos.