Hace unos días la ministra de igualdad presentó las
conclusiones de un comité de expertos, claramente
proabortistas, reunido para asesorar al gobierno sobre el
contenido una nueva Ley del aborto. En la rueda de prensa la
ministra expuso cómo el Comité de Expertos había concluido
que la solución más recomendable para el aborto es combinar
un sistema de plazos con otro de indicaciones. El aborto
sería libre hasta las primeras 14 semanas, y se permitiría
hasta las 22 en caso de riesgo para la vida, la salud de la
madre o graves anomalías en el feto. Para aquellos casos de
diagnósticos tardíos de malformaciones, los especialistas
han recomendado al Gobierno que no establezca ningún límite.
Pero lo que pensamos desde NNGG es que es totalmente
hipócrita presentar la nueva ley del aborto como una apuesta
por la seguridad de la mujer y del niño pues ambos quedan
desprotegidos legalmente y con menos valor que la flora, la
fauna o el patrimonio histórico.
Los expertos, y la propia ministra, han defendido también
que las adolescentes de 16 a 18 años puedan interrumpir su
embarazo de manera voluntaria sin necesidad de contar con el
consentimiento paterno, o en su caso del tutor legal.
Las razones dadas para esta última afirmación es que las
adolescentes ya que pueden mantener libremente relaciones
sexuales también tienen la madurez y sensatez necesarias
para adoptar la decisión de poder abortar, aunque no la de
poder votar, o sacarse el carnet de conducir, !¿Qué
dilema?!, los MENORES podrán ir al hospital a abortar, pero
no podrán desplazarse al centro hospitalario en su propio
coche, y por su puesto también irán al hospital a quitar la
vida, sin el consentimiento paterno, al ser vivo que lleva
en su vientre, eso sí podrán ponerse un piercing en el
ombligo para el cuál papá o mamá si tuvieron que darle
permiso.
La reflexión sobre esta propuesta es en primer lugar afirmar
que el aborto es un asesinato de los más débiles, de
aquellos que no tienen voz para defenderse. Por otro lado,
el aborto libre incide en el fomento de una mentalidad de
permisivismo sexual y de menosprecio de la maternidad.
Una maternidad que parece ser una carga gravosa de la que la
mujer se tiene que liberar para poder ser esclavizada por el
mercado.
Esta futura ley se ha defendido, por parte del gobierno,
como necesaria fundamentándose en dos mentiras: la
existencia de un derecho inexistente (el derecho a abortar)
y la seguridad de la madre y del no nacido. Lo primero que
hay que indicar es que una de las principales obligaciones
del estado es garantizar el derecho de la vida y su defensa,
y especialmente de la de los más débiles. Hay que hablar con
claridad para denunciar que el estado no cumple su cometido,
no garantiza la vida del ciudadano más débil, el no nacido.
Los científicos afirman rotundamente que desde la
fecundación existe un nuevo ser humano que comienza su vida.
En el plano genético su dotación es la de un ser
individualizado que se encuentra en la primera etapa de su
existencia: la concepción. La única diferencia entre el
nacido y el no nacido es que al primero le vemos y le
tocamos, al segundo no. Ambos son ciudadanos y ambos
necesitan de importantes cuidados para su supervivencia.
En cuanto a la segunda mentira, que es el de la seguridad de
la madre y el niño no nacido no se puede decir más que es
una burla.
Es hipócrita presentar la nueva ley del aborto como una
apuesta por la seguridad de la mujer y del niño pues ambos
quedan desprotegidos legalmente y con menos valor que la
flora, la fauna o el patrimonio histórico.
El aborto tiene dos víctimas la madre y el niño. Por otro
lado, el hecho de rebajar a 16 años la práctica del aborto
supone un giro de tuerca más. Ello implica privar a las
chicas adolescentes de la posibilidad del asesoramiento y
apoyo de sus padres aumentando su abandono ante la iniquidad
del aborto.
Recordemos que esta ley viene tras un periodo largo en el
que la percepción de la gravedad del aborto se ha ido
debilitando progresivamente en la conciencia social. La
aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y
en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima
crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de
distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en
juego el derecho fundamental a la vida.
Ante una situación tan grave, se requiere más que nunca el
valor de mirar de frente a la verdad y de llamar a las cosas
por su nombre, sin ceder a compromisos de conveniencia o a
la tentación de autoengaño.
Por tanto la actual propuesta de una ley de plazos va
encaminada a considerar el aborto como un método más de
contracepción, hecho que ya es aceptado en la práctica.
Al margen de la situación de absoluto desamparo en la que
queda el niño que será no nacido hay que destacar el
desamparo legal y médico en el que quedarían las
adolescentes españolas en esta situación. Tal ley vulneraría
el derecho a la salud para las mismas e incapacitaría a los
padres a ejercer la función de acompañamiento y tutoría que
le son propios.
Este interés manifiesto por el segmento de edad comprendido
entre los 16 y 18 años no tiene otro fundamento que las
propias estadísticas: de cada siete abortos practicados en
España uno es de adolescentes menores de 19 años. Además en
la última década hemos experimentado un crecimiento
continuado pasando de apenas el 5 por ciento al 12,5 por
ciento de mujeres de menos de 20 años que recurren a la
práctica del aborto. Este crecimiento en las tasas de aborto
de menores unido al deseo de las adolescentes a que sus
padres desconozcan su situación –movidas por vergüenza y
angustia- es el escenario idóneo para un gobierno que
pretende favorecer la práctica indiscriminada del aborto
incluso contra la voluntad de los padres.
Por este motivo es necesario que también éstos se pronuncien
adecuadamente antes que dicha ley vea la luz. En ese momento
quedarán indefensos en su derecho a la educación de los
hijos. Nuevas víctimas de la legislación de Zapatero, una
legislación que genera un violento atentando contra el no
nacido, contra la propia mujer y contra los padres y la
familia en último término.
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