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La Delegación del Gobierno en Ceuta garantizó ayer que los
expedientes iniciados para recuperar el dominio público
marítimo terrestre que ocupan desde hace más de treinta
años, en algunos casos, las viviendas de la barriada de
Miramar-Chorrillo no llegará a su paso definitivo con la
demolición de las casas hasta que se disponga de viviendas
donde realojar a sus ocupantes. La Consejería de Asuntos
Sociales explicó ayer que está previsto destinar a las 45
viviendas que vivían sobre el roquedo, algunas delas cuales
ya fueron desalojadas en octubre, en la promoción que está a
punto de concluir en Loma Colmenar.
El Servicio de Costas de la Delegación del Gobierno en Ceuta
ha iniciado ya, a instancias de su titular, José Fernández
Chacón, la tramitación de los expedientes correspondientes
para el desalojo de todas las viviendas que permanecen
ocupadas en la barriada de Miramar-Chorrillo con el
propósito de conseguir la “recuperación posesoria del
dominio público marítimo terrestre indebidamente ocupado”,
según consta en las comunicaciones oficiales remitidas a los
residentes, en las que se les concede un plazo de ocho días
para presentar alegaciones.
Técnicos del Área de Costas de la Delegación del Gobierno,
informaron ayer fuentes oficiales, giraron visita a la zona
durante la primera semana del mes de abril al objeto de
“comprobar” que varias de las viviendas ubicadas en esa
barriada continuaban sin ser desalojadas.
Las órdenes remitidas a los propietarios de las viviendas
tienen su base jurídica en la Ley de Costas de 1989, que
otorga a la Administración General del Estado la facultad
“de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier
momento” de los bienes ubicados en el dominio público
marítimo terrestre.
La barriada de Miramar-Chorrillo fue una de las que vivió
con mayor crudeza el temporal de finales de septiembre del
año pasado, cuando el Ejecutivo autonómico tomó la decisión
de derribar media docena de casas ante el riesgo que
presentaba de ruina su estructura para sus ocupantes.
Ya entonces el jefe del Área de Fomento de la Delegación,
Jesús Padillo, informó de que era intención de la
institución de la Plaza de los Reyes desalojar la zona y
recuperar el roquedo que se encuentra entre la playa del
Chorrillo y la de la Almadraba.
“Las intenciones están claras”, reiteró ayer Padillo, que en
cualquier caso sometió la conclusión de los expedientes
abiertos con el correspondiente derribo de las viviendas “a
que se disponga de lugares donde reubicar a las familias
afectadas”. En principio, y según coincidió Padillo con la
consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, su destino
final será la promición que se está terminando en Loma
Colmenar.
La Comisión Local de la Vivienda ya acordó el invierno
pasado reservar un cupo de 45 casas en dicho proyecto para
realojar a las víctimas del temporal de septiembre. Ese
número coincide exactamente con el de familias residentes en
Miramar-Chorrillo, pero es exiguo si se compara con todos
los que perdieron sus casas a causa de las lluvias.
“La situación no nos pilla de sorpresa porque estaba
previsto”, aseguró ayer Pérez, quien se congratuló porque, a
fecha de hoy, el departamento que dirige ya ha logrado
llevar a todos los damnificados por el temporal a viviendas
de realojo fuera de los hostales, la primera solución que se
adoptó.
UDCE-IU pidió ayer “encarecidamente” a través de una nota de
prensa a la Delegación que no alimente la alarma social y
que coordine el expediente con la Ciudad.
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Ali exige a Chacón que estudie si los residentes tienen
algún derecho
El primer grupo de la oposición en
la Asamblea, UDCE-IU, pidió ayer por escrito al delegado del
Gobierno que tenga en cuenta el “malestar generalizado” que
han trasladado a la coalición que lidera Mohamed Ali los
residentes en Miramar-Chorrilla por los expedientes
iniciados y que estudie de forma “individualizada” si los
vecinos afectados pudieran haber adquirido algún derecho
tras más de tres décadas, en algunos casos, residiendo en
esa zona. Además, UDCE-IU reclamó de la Delegación, la
Consejería de Asuntos Sociales y Emvicesa que se utilicen
“los instrumentos precisos de cooperación
interadministrativa” para “encontrar una salida
satisfactoria a la situación de los vecinos” en forma de
realojo en próxima promociones de Protección Oficial.
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