ACTUALIDAD - JUEVES, 9 DE ABRIL DE 2009

CEUTA
Rober Gómez
ceuta@elpueblodeceuta.com

El secretario general de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras (FSAP-CCOO), Emilo Postigo, afirmó ayer que el Tribunal de Cuentas ha dado “un varapalo” a la privatización de servicios en la Administración General del Estado (AGE), ya que, a su juicio, el informe “le da un soberano repaso a la política de empleo que se viene manteniendo en los últimos años por parte del Gobierno de la nación”, al que para el sindicalista “también sería extrapolable a los planes de la Ciudad Autónoma de externalizar la gestión del Tanatorio Municipal”.

Según el secretario general de FSAP-CCOO de Ceuta, el informe del Tribunal de Cuentas realiza “un acertado análisis de las situaciones que se producen en los procesos de privatización y externalización de servicios en la Administración General del Estado” y destacó que el órgano constitucional fiscalizador de la gestión económica estatal “propone una serie de medidas para atajar de forma inmediata los peligros que conlleva la irresponsable política de empleo que se impone desde el Ministerio de Administraciones Públicas”.

Así, Emilio Postigo explica que el Tribunal de Cuentas pone varios casos, como la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que una sentencia ha determinado “una cesión ilegal de 82 trabajadores tras analizar las condiciones de ciertos contratos administrativos de consultoría y asistencia y servicios”, lo que se produjo por “la falta de personal para realizar las funciones propias de este organismo”.

Asimismo, el secretario general de FSAP-CCOO indicó que el Tribunal de Cuentas ha encontrado “una situación similar” en el Fondo Español de Garantía Agraria y en las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Tajo e incluso en el ámbito de la Seguridad Social.

Postigo afirmó que además el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto “otras cuestiones graves como que cuando se opta por realizar contratos de consultoría, asistencia y de servicios faltan los factores que justifiquen dicha decisión y que hagan comprensible porque se desdeña la posibilidad de cubrirlos con personal propio, ampliando la oferta de plazas que se convoquen en cada ejercicio”.

Asimismo, el sindicalista puso de relieve que el organo de fiscalización de las cuentas del Estado recuerda que el acceso a la Función Pública y a las responsabilidades que ello conlleva debe realizarse con respeto a los principios de igualdad, capacidad y mérito “y ello debe garantizarse desde una adecuada Oferta de Empleo Público”, algo que “no ha sido así, porque el número de plazas que se sacan este año es notablemente insuficiente”, añadió.

“Sólo las empresas de trabajo temporal están legitimadas a contratar trabajadores que puedan posteriormente cederse a otra empresa o entidad”, recordó Postigo, “el resto de las situaciones es un tráfico prohibido que tiene consecuencias de tipo judicial”, añadió.

Para el dirigente de la FSAP-CCOO, el Tribunal de Cuentas ha reconocido que “se están abriendo brechas en diversos planos y más concretamente en los de la gestión de personal y contractual, que deben reconducirse de la manera más urgente posible”.

De hecho, según Postigo, el Tribunal de Cuentas ha realizado una moción a las Cortes Generales para proponer un cambio de normativa que subsane la situación.

El sindicalistas de Comisiones cree que ha quedado de manifiesto la necesidad de “impedir que la contratación de servicios externos afronte tareas de carácter permanente relacionadas con el ejercicio de competencias atribuidas a la entidad u órgano de que se trate; modificar los criterios de Función Pública que queda claramente identificada como la culpable de este tipo de prácticas que no deberían servir para ocultar los déficit de personal que deben cubrirse a través de la Oferta de Empleo; identificar con claridad las prestaciones que deben realizarse por la empresa externa para evitar que durante la vigencia de la contratación se desvíe de dicha tarea, ya que el personal de la empresa externa sólo puede estar dirigido por personal de dicha empresa y nunca por trabajadores pertenecientes al organismo; y exigir responsabilidades a los órganos que infrinjan estos principios”.
 

Emilio Postigo dice a la Ciudad que “tome nota”
respecto a la privatización de la gestión del Tanatorio

El secretario general de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras (FSAP-CCOO) de Ceuta, Emilio Postigo, cree que las conclusiones del Tribunal de Cuentas son extrapolables a la política de empleo del Gobierno de la Ciudad Autónoma, en referencia al anuncio de privatizar la gestión del Tanatorio Municipal. “Que tome nota”, dijo el sindicalista, para quien esta decisión de la Consejería de Sanidad “va a suponer más gasto para el Ejecutivo y, por tanto, los ciudadanos, además de poner en manos privadas un servicio que se liberalizará sin tener competencia en la ciudad, lo que siempre ha supuesto una merma en la calidad”. Postigo recordó al Gobierno local que “se le ha votado para que gestione los servicios públicos, no para que los venda”, por lo que puso en cuestión si es que “tal vez no sean capaces de hacer una gestión correcta”. Así, el secretario general de FSAP-CCOO de Ceuta dijo que “los cinco empleados que hay trabajando en el Tanatorio tendrán que ir destinados a otras plazas en la Ciudad Autónoma, por lo que no supondrá ningún ahorro”, sino todo lo contrario, ya que “por este servicio los ciudadanos no deben pagar nada, por lo que todo apunta a que la explotación por parte de una empresa privada del Tanatorio será a cambio de que la Ciudad abone como mínimo los salarios de los trabajadores que la concesionaria ponga en el servicio”. Postigo no tiene “ninguna duda de que todo ello supondrá incrementar el gasto de la Ciudad y empeorar el servicio, ya que la empresa mirará por recortar gastos”.