Esta medida fue impulsada por el Partido Popular (PP), que
basó su reivindicación para acabar con la “discriminación”
de la actual normativa, que establece que la mujer
extranjera debe llevar residiendo “de forma legal, efectiva
y continuada en territorio español durante al menos los dos
años inmediatamente anteriores al hecho del nacimiento o la
adopción” para poder recibir los 2.500 euros.
Frente a esta situación, el PP propuso que estas madres
puedan acogerse a la prestación siempre que su pareja cumpla
el requisito de los dos años de residencia legal en nuestro
país, de manera que se eliminen “las desigualdades que se
producen en la actualidad y que afectan a unas 30.000
familias” en todo el país. Algunas de estas parejas
afectadas son de nuestra ciudad, ya que hay muchos casos de
hombres melillenses casados con mujeres marroquíes, dada la
cercanía de ambos territorios.
“No es de recibo que no se pueda beneficiar una pareja
compuesta por un padre español y una madre extranjera que no
cumpla dos años de residencia legal en España y que sí
puedan cobrar la ayuda las parejas formadas por una madre
española y un padre extranjero que no cumpla dicho
requisito”, señaló la portavoz del PP, Lourdes Méndez,
encargada de defender la iniciativa.
La diputada 'popular' destacó que con la actual normativa el
Gobierno está incumpliendo su promesa de hacer esta ayuda
“universal” y recordó que el Ejecutivo vetó en dos ocasiones
dos iniciativas de ICV en las que se solicitaba esta
modificación.
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