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Para desgracia de todos,
especialmente del muy numeroso colectivo juvenil ceutí, la
imagen del Consejo de la Juventud de Ceuta (CJCE) resultó
ayer gravemente dañada después de que la dirección del mismo
al completo presentase su dimisión a 48 horas de la
renovación del mismo tras constatarse graves defectos
contables sobre cuya responsabilidad deberá investigar la
Ciudad Autónoma.
El Consejo de la Juventud de Ceuta es una Entidad de Derecho
Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines al amparo del
artículo 48 de la Constitución, que literalmente dice que
“los poderes públicos promoverán las condiciones para la
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural”. Según sus
Estatutos, su “fin esencial” es “ofrecer un cauce de libre
adhesión para propiciar la participación de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural de la
Ciudad Autónoma de Ceuta”. En resumen, y con más de cuarto
de siglo de historia, el CJCE es “el máximo órgano de
representación juvenil, y por lo tanto, el único
interlocutor válido por naturaleza entre la población
juvenil y las administraciones públicas”.
El descubrimiento de un considerable agujero en sus cuentas
es una noticia funesta que ahora exige de una investigación
a fondo. Hace tiempo que desde múltiples altavoces se ha
venido criticando la “politización” del Consejo. Tal vez
sería más justo cuestionar la ‘partidización’ de una entidad
sometida a mil tensiones de sus ‘hermanos mayores’. Por ello
la solución de dejar sólo y expresamente a las asociaciones
con vinculación política en la Comisión Gestora que se
encargará de revisar la contabilidad del Consejo no parece
la mejor solución que pudiera adoptarse, por mucha agilidad
que se diga que aportará ello. Es necesario que
profesionales objetivos e independientes asuman esa labor
con la supervisión directa de la Administración.
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OPINIÓN / EDITORIAL
