|
Que el Régimen Económico y Fiscal
(REF) especial de Ceuta es imperiosamente necesario
mantenerlo es un principio que no escapa a ningún agente
social de la ciudad autónoma. Se asienta fundamentalmente
sobre el rasgo más definitorio de nuestra economía y
fiscalidad: la condición de territorio franco, que según se
concreta en el documento de reforma elaborado por el
Ejecutivo ceutí “supone la libertad de entrada, salida,
tránsito y trasbordo de todo tipo de mercancías, sin
sometimiento a los derechos establecidos para la Península
por los aranceles de aduanas ni ningún otro de importación o
exportación”.
Sus condiciones suponen un rasgo fundamental para el devenir
económico de la ciudad autónoma y suponen igualmente “un
estímulo importantísimo para la inversión en ambas
ciudades”. No en vano, desde la Ley de Bases de Régimen
Económico y Financiero de Ceuta y Melilla de 1955 ya se
esbozó un sistema de bonificaciones fiscales al tipo del 50%
del que disfrutamos actualmente. Ahora, simplificando, el
Gobierno que preside Juan Vivas se propone elevar esas
deducciones al 75%. Sin embargo, como todas las cosas, estos
beneficios también pueden tener una cara oscura para
alguien, efectos perversos que deberían tenerse en cuenta en
la elaboración del nuevo REF, si es que a través de él
pueden corregirse, o tomarse las acciones más adecuadas a
tal fin. Es el caso del sector pesquero, que según se
informa hoy en este periódico presenta un disparatado 90% de
los barcos aquí matriculados que no operan ni faenan, ni
viven ni trabajan, de la ciudad autónoma. ¿Qué hacen,
entonces, aquí? Según Comisiones Obreras, beneficiarse de la
fiscalidad reducida de la ciudad y poco más. Es legal, pero
las consecuencias que deparan sobre los pesqueros que sí son
realmente de Ceuta son inopinadamente perjudiciales en lo
que a las cuotas y subvenciones se refiere. Las
administraciones deberían estar atentas para no dañar aún
más a un sector ya de por sí en franca decadencia.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
