Sus fotografías de los antidisturbios disolviendo a palos a
los licenciados en paro en el centro de Rabat o de los
inmigrantes subsaharianos escondidos en los bosques cerca de
Ceuta tuvieron amplia repercusión. Quizá resultaron
incómodas para las autoridades y por eso el Ministerio de
Comunicación de Marruecos ha declarado hoy “adversario
político” a Rafael Marchante, gaditano de 36 años, que
trabaja para la agencia Reuters en Rabat desde hace tres
años, relata el corresponsal de EL PAÍS, Ignacio Cembreros
en la edición del diario de ayer. El comunicado del
ministerio, señala el corresponsal, confirma que “ha
decidido no renovar la acreditación” de Marchante como
periodista lo que en la práctica, al no poder ejercer su
profesión, equivale a una expulsión del país. Aún así el
comunicado insiste en que esta “decisión soberana” no
significa que “se ordene su expulsión”. Marchante no
obtendrá una nueva acreditación porque “no ha respetado las
reglas de la profesión” y “se comporta como un adversario
político aprovechándose de su condición privilegiada de
periodista”, explica el ministerio.
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