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La consejera, portavoz del Gobierno, Yolanda Bel ha
calificado de “delicado” el asunto del suceso acaecido en el
Príncipe que ha culminado con la muerte de un marroquí al
electrocutarse mientras trabajaba en una vivienda que se
construía ilegalmente, cuya altura de edificación ya rozaba
los cables de alta tensión instalados. En nombre del
Gobierno, Bel ha lamentado los hechos ocurridos y ha
defendido la actuación ajustada a la ley del procedimiento
administrativo de la Consejería de Fomento
Faltaba la versión de la Ciudad Autónoma ante los
acontecimientos sucedidos en el Príncipe el pasado miércoles
y ayer Yolanda Bel, tras el Consejo de Gobierno, dio cuenta
de la extensa tramitación administrativa, en el que se
informaba “con reiteración” al propietario de la edificación
“la ilegalidad” de la obra, su suspensión inmediata hasta en
tres ocasiones, que fue -durante la tramitación legal del
expediente administrativo, contestado con “hasta tres
recursos” que obligaron a continuar con el proceso
burocrático con un ‘alargue’ originado, entre otras
cuestiones, dejó entrever la consejera, por el retraso
originado por el propietario de la edificación ante los
recursos presentados que fueron todos rechazados. Y
ejemplificó con el detalle mes a mes de la tramitación
iniciada en febrero de 2007 al que se unieron
consecutivamente informes de Policía local, informes
técnicos, decretos de suspensión de las obras que se
llevaban a cabo, posteriores decretos de sanción. Y todo
ello contestados con recursos potestativos de reposición,
por parte del interesado, que son desestimados hasta que
finalmente se ordena la demolición subsidiaria de la
edificación en marzo de 2008 que fue contestada en abril con
otro recurso de reposición “hasta la fecha que, sin
conocimiento por parte de los servicios técnicos de la
Ciudad” -señaló Yolanda Bel- se vuelven a iniciar esas obras
“a espaldas de la Administración” que acaba con “ese fatal
desenlace”. De este modo, Bel aclara que por parte de la
Consejería de Fomento “existe la buena praxis del
seguimiento legal de un procedimiento administrativo
insalvable” que ha culminado con un suceso que el Gobierno
“lamenta profundamente”. La portavoz del Gobierno, por otro
lado, alejó del Ejecutivo responsabilidad alguna recordando
que “si hay una negligencia es la construcción de una
vivienda ilegal”. Algo que le recordó al lider de UDCE,
Mohamed Ali tras las declaraciones en las que el
representante de la primer partido de la oposición
vinculando la responsabilidad al gobierno ceutí.
Además volvió a añadir que el propietario “sin cumplir lo
que le mandataba la Administración prosiguió con la
construcción ilegal. Verdadera consecuencia del lamentable
suceso”, declaró para responsabilizar a quien desoyó e
incumplió la normativa urbanística. De hecho, recordó que la
Consejería de Fomentó sancionó al propietario con unos 8.000
euros “por desoir e incumplir los mandatos de la norma”. Bel
intentó mantener el control de sus declaraciones por los
“delicado del asunto”, pero ante el general conocimiento de
lo que ocurre en el Príncipe criticó, sin nombrar a Ali, el
que “se quiera sacar provecho político de un lamentable
suceso”.
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