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Cierto es que desde hace la
friolera de más de veinte años la barriada conocida como el
Príncipe y, fundamentalmente el de Alfonso, ha crecido a
espaldas de la realidad urbanística de Ceuta. La permanente
idea del ‘todo vale’ y la creencia de que la mano de la
administración no llegaba a esa zona, ha derivado en un
manifiesto caos donde cualquier metro cuadrado se ha
aprovechado para levantar cuatro ladrillos. Así ha sido,
hasta esta última década en la que se han establecido los
planes y se han elaborado las estrategias para llevar a la
práctica la actuación de más envergadura en barriadas de las
que se haya podido realizar en la historia más reciente en
Ceuta. En los últimos veinte años, el Príncipe ha crecido
con un desequilibrio notable donde han concurrido varias
circunstancias que objetivamente, y alejado de la vulgaridad
vinculada a la demagogia, han de tratarse con la
responsabilidad necesaria cuando de lo que se trata es de
solucionar un asunto más que delicado y derivado tanto de la
inacción administrativa que data de los ochenta, como de la
‘facilidad’ con que ‘ilegalmente’ se han construido ladrillo
sobre ladrillo viviendas sin niguna petición de licencias,
ni compromiso con la ordenación del territorio para cumplir
unos parámetros de sostenibilidad mínimos. El Plan Especial
del Príncipe que ha establecido el Gobierno autónomo implica
la complicación inherente de la falta de terrenos con el
objetivo de construir viviendas protegidas para realojar a
familias procedentes de zonas del barrio en las que se
proyecta la actuación. Pero ahí está el macro plan de Loma
Colmenar en coordinación con la Administración General del
Estado. Los lamentables acontecimientos vividos en el barrio
con ocasión del último suceso, denota la irresponsabilidad
manifiesta de quienes amparándose en la aparente impunidad
contravienen todo criterio de seguridad. No obstante, si de
derruir es de lo que se trata para evitar circunstancias
semejantes, nadie podrá alzar la voz por actuar con la
legalidad como bandera en aplicación estricta de la norma.
La responsabilidad indica, sin embargo, prudencia en el
hallazgo de salidas útiles y prácticas al estar en juego el
bienestar de las familias. Es sólo cuestión de
responsabilidad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
