|
El portavoz de UDCE-IU en la Asamblea dejó entrever ayer que
la Consejería de Fomento podría haber incurrido en un
ilícito penal de homicidio imprudente por “no hacer nada”
con los tendidos de alta tensión del Príncipe Alfonso a
pesar de contar con advertencias por escrito desde hace dos
años de la Empresa de Alumbrado y la Viceconsejería de
Industria que alertaban de un “grave riesgo de muerte por
electrocución” en el lugar donde un joven marroquí murió el
lunes.
El líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (UDCE-IU),
volvió ayer a la Sala de Prensa de la Asamblea para, cargado
de papeles, denunciar la “desidia” con la que a su juicio
sigue moviéndose la Ciudad Autónoma en todo lo que se
refiere a la barriada del Príncipe Alfonso y poner como
ejemplo palmario de su crítica el fallecimiento por
electrocución, el pasado lunes, de un joven marroquí de 31
años en una azotea de la barriada que tocó accidentalmente
con la cabeza con un cable de alta tensión que traslada
15.000 voltios a una distancia de menos de medio metro del
techo del inmueble.
Ali cargó con especial fuerza contra la “macrocomisión” del
Plan Especial del Príncipe Alfonso que dirige el
vicepresidente de la Ciudad, un órgano “que no sirve para
nada” y que según dijo “no sabe nada” ni de la barriada ni
de sus necesidades ni de sus problemas.
Probablemente el portavoz de UDCE-IU certificó ayer con su
intervención que nunca tendrá otro ordenador para su Grupo
Parlamentario: “La Comisión del Príncipe”, sentenció, “sólo
ha hecho rimbombantes anuncios de chorreos de millones con
el único objetivo de obtener réditos políticos”.
A partir de ahí, Mohamed Ali se remontó hasta 1996 para
sacar del baúl de los recuerdos un escrito notarial en el
que ya se hacía constar el riesgo que entrañaban las
edificaciones que comenzaban a levantarse bajo la línea de
alta tensión que alimenta los polígonos del Tarajal desde el
Príncipe.
De ese escrito saltó a 2005 para recordar una moción que el
Pleno aprobó por unanimidad la Sesión de junio al objeto de
“estudiar y legalizar” las viviendas en situación irregular
en el Príncipe Alfonso. “Como en la mayoría de las
ocasiones, el Gobierno no la ha cumplido”, lamentó.
Desde ahí, a 2006, cuando elevó a la Mesa Rectora de la
Asamblea una propuesta que rechazó el PP y que instaba al
Ejecutivo de Vivas a “adoptar las medidas necesarias” para
que Fomento instase a las empresas responsables de los
tendidos de teléfono, electricidad y alumbrado público al
objeto de eliminar el “enjambre de hilos” que caracteriza a
barriadas como el Poblado Regulares, Recinto Sur o el
Príncipe.
Un año más tarde, prosiguió su exposición, en febrero de
2007, apareció el primer acta del Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Fomento que ponía de manifiesto
la existencia de un “gran riesgo de electrocución” y de una
infracción “grave” del Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión en esa misma zona.
Un año después, el 6 de febrero de 2008, ya como
viceconsejería, el mismo departamento emitió otro acta a
instancias de la Empresa de Alumbrado refrendando que a la
altura del número 6 de la calle San Daniel existía “una
situación de alto riesgo de muerte por electrocución” que
muchos vecinos dijeron desconocer a los técnicos
municipales.
En marzo, constatando que en lugar de detenerse “parecía
haberse incrementado” la actividad de ampliación “ilegal” de
viviendas bajo el tendido e instando a la incoación “de los
oportunos expedientes sancionadores” a la “demolición” de lo
construido “contraviniendo el orden legal”.
Un mes más tarde, en abril del año pasado, el consejero de
Fomento, Juan Manuel Doncel, firmó un decreto ordenando la
ejecución subsidiaria de las obras “ilegalmente realizadas”
bajo la línea de alta, de la que deberían distar cinco
metros de distancia a cualquier punto con acceso a personas,
pero que en este caso está a solo medio.
Acciones civiles o penales
Con todos estos antecedentes Ali quiso “exonerar” de culpa a
la Empresa de Alumbrado y cargar las tintas contra el
Gobierno de la Ciudad, al que exigió la asunción de
“responsabilidades” y a cuya conciencia, “si es que la
tienen”, apeló.
“UDCE-IU pondrá a disposición de la familia del fallecido
toda la documentación que obra en nuestro poder por si
decide adoptar acciones legales por la vía civil o penal
contra la Ciudad Autónoma, que podría ser responsable civil
subsidiario de su fallecimiento”, anunció Ali, que acabó
señalando el ilícito penal en el que podría caber la
“inacción” del Ejecutivo a la vista del resultado funesto:
“Homicidio imprudente”.
El artículo 142 del Código Penal establece que “el que por
imprudencia grave causare la muerte de otro, será
castigado”, como reo de este delito, “con la pena de prisión
de uno a cuatro años”.
|
unión democrática de ceuta 
