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El conflicto laboral desatado en la sociedad municipal
Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta (OBIMASA),
que cuenta con unos sesenta trabajadores, entre la plantilla
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta llegó ayer por
primera vez a la calle. La práctica totalidad de la
plantilla se plantó ante la Asamblea tras una pancarta con
el lema ‘No a la discriminación de los trabajadores de
Obimasa’ y el logo de Comisiones Obreras al grito de
‘‘¡Vivas, cumple!”.
Tal y como habían anunciado anteayer dos de sus delegados de
Personal y el secretario general de Comisiones, la sociedad
inició así un calendario de movilizaciones que no descarta
llegar incluso a la huelga y que prevé una nueva
movilización el próximo martes, coincidiendo con la
celebración de la reunión semanal ordinaria del Consejo de
Gobierno.
Entretanto, fuentes autorizadas del Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma volvieron a invitar ayer a los trabajadores a
volver a sentarse a la Mesa de Negociación, aunque
manteniendo “el límite legal establecido en su informe por
el interventor del Consejo de Administración”, fijado, de
acuerdo con lo establecido en los Presupuestos Generales del
Estado, en el 2%.
“Si los trabajadores, que están en su derecho, deciden
mantener su calendario de movilizaciones pueden hacerlo,
pero sería deseable que sus representantes volviesen a
negociar con la Administración para alcanzar un acuerdo
satisfactorio para ambas partes”, explicaron desde la planta
noble del Palacio autonómico.
Lo que ocurre es que las posiciones parecen estar distantes.
Muy distantes. Si la Ciudad, amparada por el mencionado
informe de Intervención, se ha plantado en el límite del 2%,
los trabajadores habían hecho lo propio bastante por encima.
Concretamente unas subidas que rozarían “el 30%” durante los
próximos tres años, según fuentes de toda solvencia.
“Dado el momento económico actual se podría negociar un
convenio anual”, ampliaron desde el Palacio autonómico, “que
se podría renegociar en los próximos ejercicios”.
Más allá, la Ciudad tendió la mano incluso ofreciendo su
disponibilidad a aceptar “prácticamente todas las
reivindicaciones sociales expuestas por la plantilla, tal y
como ya se les ha trasladado”.
Estas mismas fuentes se negaron a entrar a valorar la
posible discriminación, denunciada por la plantilla de
Obimasa y el secretario general de CCOO, entre esta y las
del resto de empresas municipales, que sí habrían pactado
subidas por encima de ese “límite”. “Cada Consejo de
Administración tiene un interventor que informa en función
de su criterio, pero con el texto sobre la mesa, que
advierte de que se incurrriría en una ‘ilegalidad
manifiesta’ es imposible aceptar sus peticiones”, resumió el
Ejecutivo.
La Ciudad, a la que ayer Mohamed Ali (UDCE-IU) criticó
también por no haberle facilitado aún el documento de
reforma del REF, no quiso sin embargo responder a las
valoraciones emitidas por CCOO sobre el mismo. “Hablaremos
después de pasar por el CES”, se apuntó.
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