Sin alzar la voz ni el tono de sus palabras pero más suelto
que de costumbre, el delegado del Gobierno, José Fernández
Chacón, cerró ayer su semana política antes de viajar a
Madrid desmintiendo al senador Fernández Cucurull, que hace
un mes acusó a los socialistas de no cumplir ni con un
quinto de sus compromisos inversores el año pasado. El
utrerano elevó el grado de ejecución presupuestaria, con
papeles, hasta el 135%.
Aunque la teoría dice lo contrario los políticos están a
punto de conseguir que los números sean aún más maleables,
en sus manos, que las palabras. Hace un mes el senador
Fernández Cucurull convocó a los medios para denunciar, con
datos de fecha 31 de octubre, que el Gobierno de Rodríguez
Zapatero no había cumplido durante el año pasado ni un
quinto de las obligaciones inversoras que había contraído en
los Presupuestos Generales del Estado. Concretamente había
desatendido, dijo, el 82,8%.
Días después los socialistas sacaron al secretario de
Economía de su Ejecutiva Regional, José María Mas, a decir
que por su propia naturaleza era en el último trimestre del
año cuando se contabilizaba el cumplimiento de ese tipo de
obligaciones.
Ayer, antes de visitar el stand de ALCER en el Revellín y
viajar a Madrid, el delegado se decidió a ponerle una
banderilla al PP. Lo hizo, eso sí, con guante de seda, como
acostumbra. A tal efecto, inició su intervención resaltando
lo buen parlamentario y mejor persona que le parece el
senador, cuya intervención atribuyó sin duda a un error
“nada malintencionado”.
Pero error al fin y al cabo, porque según los datos que la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
ha facilitado a Chacón el Ejecutivo de Zapatero ha cumplido
de largo. Concretamente, un 135% de lo presupuestado
inicialmente como “inversiones reales”. O lo que es lo
mismo: durante el año pasado el Estado, sus organismos
autónomos y otros organismos públicos gastaron 26,5
millones, siete más de los 19,5 inicialmente contemplados.
¿Por qué? Entre otras cosas porque ministerios como los de
Medio Ambiente o Interior se vieron obligados, a causa de
las lluvias torrenciales, a hacer dispendios que no tenían
previstos.
“Cuando se aprueban unos Presupuestos Generales hay partidas
no previstas como las que se aprobaron para hacer frente a
las lluvias torrenciales; otras que se imputan a varias
provincias y finalmente se ejecutan donde se puede y otras
genéricas que, en función de los condicionantes de cada
región, se cumplen de forma efectiva o no durante el
ejercicio”, explicó Chacón sobre las razones que explican
por qué el Estado no cumple al dedillo con lo que planifica
a primeros de año.
Sin embargo el saldo de esas variaciones es, según sus
cálculos, sensiblemente favorable a la ciudad. Desde 2004 el
Gobierno de España ha ejecutado en Ceuta un 119% de media
con respecto a lo que había presupuestado inicialmente. Sólo
en 2004, cuando Zapatero accedió a La Moncloa, se quedó por
debajo.
Sin acritud pero con picardía Chacón completó su exposición
estableciendo una comparación con el último ejercicio de
Aznar, el de 2003. Entonces se invirtió el 79,8% de lo
previsto inicialmente: 18,9 millones de un total de 23,6.
“Seguro que fueron dos errores sin intención de equivocar,
motivados por confundir la distribución orgánica de los
Presupuestos del Estado con la regionalizada, que es la que
habitualmente manejamos los parlamentarios, estableciendo un
silogismo falso, y por tomar los datos de octubre como
definitivos”, resumió antes de ofrecerse a enviar su
documentación a Cucurull “para que no vuelva” a errar.
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Balance a falta del sector público empresarial y otros
capítulos
Cada año los representantes de la
Administración General del Estado y los parlamentarios
locales, si son de la oposición, bañan a los ceutíes con un
agitado debate de cifras sobre qué va a invertir el Estado
en Ceuta al ejercicio siguiente. Se trata de un baile de
números en el que hay que computar las inversiones reales,
capítulo 6 de los Presupuestos; el 7, transferencias de
capital; los gastos contemplados del sector público
empresarial; los de la Tesorería General de la Seguridad
Social y las modificaciones que se introducen
posteriormente. Ayer Chacón se refirió sólo al primer
apartado de los citados, que recopila las inversiones de la
Administración General del Estado, organismos autónomos y
otros organismos públicos. La concreción del grado de
cumplimiento del resto de apartados deberá esperar, al
menos, al 31 de marzo, cuando están obligados a presentar el
cierre de sus cuentas del año anterior.
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