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El Boletín Oficial del Estado (BOE) dio cuenta en su edición
del día de ayer del edicto de la Delegación del Gobierno que
da curso a la resolución dictada el pasado 12 de febrero por
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para
iniciar el expediente expropietario de los terrenos
necesarios para construir la nueva cárcel y los accesos a la
misma, que afectarán directamente a un total de 332.439
metros cuadrados, en mayoría con particulares como titulares
catastrales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en su edición
del día de ayer un edicto de la Delegación del Gobierno en
Ceuta con la relación de bienes y derechos que serán
expropiados a distintos particulares e instituciones
públicas en la ciudad autónoma para la construcción del
nuevo centro penitenciario de Ceuta y de los accesos al
mismo.
La institución de la Plaza de los Reyes continuó así el
procedimiento administrativo de la resolución que la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias rubricó
el pasado 12 de febrero al objeto de iniciar la tramitación
del expediente expropiatorio.
Los interesados dispondrán de quince días hábiles a partir
de mañana para formular alegaciones en el Registro General
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o
ante el de la propia Delegación “sobre la procedencia de la
ocupación o disposición de los bienes y su estado material o
legal”.
A tal efecto podrá consultarse el Anejo de Expropiaciones
tanto en las oficinas de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (C/ Alcalá, 38, 28014- Madrid)
como en la Delegación del Gobierno.
La lista de propiedades afectadas por el proyecto de la
nueva prisión de la ciudad autónoma comprende terrenos que
en su inmensa mayoría son improductivos o se destinan al
pasto de animales. Sus propietarios son particulares en su
inmensa mayoría, aunque tanto la Ciudad Autónoma como el
propio Ministerio de Defensa disponen de solares en el área
que se verán afectados.
La superficie total afectada por la expropiación se eleva a
332.439 metros cuadrados, la mitad del sumatorio total de
todos los solares ‘tocados’.
El proceso que ahora se inicia y que la Delegación prevé que
sea “largo” está regulado en la Ley de Expropiación Forzosa
de 1954. Primero Administración y propietarios tratarán de
llegar a acuerdos que, de no concretarse deberían resolverse
estableciendo un justiprecio.
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