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La necesaria e inaplazable construcción de una nueva
prisión, por el estado obsoleto en que se encuentra la
actual de Los Rosales, no puede convertirse sin más en el
cambio del actual modelo vigente de ‘centro de preventivos’
a ‘centro de penados’ sin explicar el proyecto y la posible
repercusión económica y social que para una ciudad como la
nuestra significa.
El nuevo centro de reclusos que se ha diseñado choca
evidentemente, por sus dimensiones estructurales, con el
espacio físico geográfico de Ceuta con 19 kilómetros
cuadrados y 80.000 habitantes. Sólo teniendo en cuenta el
aumento de 80 celdas actuales a las 648 proyectadas, se
asumiría un cupo de más de 1.200 presos cumpliendo condena
en una ciudad que tendría que asumir aspectos sociales de
difícil comprensión y un deterioro de imagen evidente a la
vista de que, de cumplirse con las previsiones, podría
decirse que alcanzaría un 2% del total de la población
ceutí.
Y aún más, el principio fundamental de Instituciones
Penitenciarias y tal y como queda establecido en la
legislación española, el fundamento primordial es la
reinserción social de los reclusos por lo que, si los
parámetros que se han puesto encima de la mesa por parte de
Gobierno se llevan a cabo, se falta al ámbito de la
reinserción porque la ciudad tendría que absorber un numero
nada despreciable de reclusos de los llamados de tercer
grado, según la ratio ajustada al número de la población
reclusa superior al millar de condenados.
Por otro lado, el sistema establecido suele enviar a las
personas recluidas a cárceles cercanas a su ámbito social y
familiar, que siendo ceutíes no habría nada que objetar ya
que sería beneficioso para sus familiares quienes no
tendrían que desplazarse fuera de Ceuta para verles. Pero
por otro lado, observamos que un porcentaje elevado de esta
población reclusa sería marroquí por la cercanía a su país,
y por lo tanto a sus familiares. Esto ultimo, en sí mismo,
ya es una situación que requiere una explicación del
gobierno central para saber cómo se adecuaría -para esta
nueva prisión- el cumplimiento del llamado régimen abierto,
o el denominado tercer grado, en una ciudad cuya conexión
con el resto del país está sometida a un régimen fronterizo
tanto en el Tarajal como en el propio Puerto al no ser Ceuta
espacio Schengen; o a las circunstancias climatológicas en
el Estrecho; o sencillamente a los precios de las tarifas en
este transporte y lo que de elevado coste supondría al
recluso con opción a ir y venir.
Por tanto, si lo que por extensión territorial en la
península pasaría desapercibido, en nuestra ciudad esta
circunstancia quedaría marcada lógicamente por la componente
de limitación geográfica.
Aunque la construcción de una obra de infraestructura
pública como la prevista supone una mejora en la ciudad por
el movimiento económico que provoca la contratación de
personal para las obras y su influjo en Ceuta, llegará el
día en que finalmente acabe. Cierto es que una prisión como
la que se contempla dispondría de mayor presencia
funcionarial -plazas que se generan en oposiciones
nacionales-. Lo que tampoco se asegura es que un funcionario
de prisiones destinado en Ceuta resida verdaderamente en la
ciudad, como ya sabemos por otros sectores de funcionarios
que tienen su vivienda en el país vecino.
Por su parte, los visitantes familiares habituales de
reclusos marroquíes tendrían que residir en la zona norte
marroquí, o si acaso en el sur peninsular para poder acceder
a nuestra ciudad sin visado, y de manera general no disponen
de excesivos recursos económicos.
Hay que sopesar realmente los pros y los contras en una
justa balanza por lo que para el futuro de Ceuta esto
representa.
Una infraestructura de más de 230.000 metros cuadrados de
superficie necesitará de unos suministros que, en su
mayoría, procederán del mercado peninsular porque este
ámbito está centralizado, por lo que será muy limitado el
acceso del sector ceutí.
El Gobierno ha proyectado una cárcel para Ceuta que
multiplicará por cinco la capacidad de la construida en
Melilla hace sólo 15 años que acoge a poco más de 250
reclusos.
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, tiene la obligación de
buscar, junto con el de la Ciudad, fórmulas compensatorias y
abrir una ventana a la negociación que beneficie a los
ciudadanos de Ceuta contando con el Gobierno local elegido
democráticamente para que les representen ya que, al fin y
al cabo, será la ciudad y sus ciudadanos los que se verán
afectados por el nuevo modelo de centro penitenciario que
pretende instalar el Ejecutivo socialista en nuestra ciudad,
al que poco parece importar las circunstancias y
repercusiones futuras que acarreará la adopción de una
medida similar sin la anuencia, el permiso y el conocimiento
exhaustivo de quienes verdaderamente vivimos en Ceuta.
** Diputado por Ceuta y miembro de la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados
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ANALISIS
