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La imagen de la justicia entre la opinión pública, la
responsabilidad ética y profesional de los periodistas y la
influencia de la información sobre conductas criminales
serán algunos de los temas que se abordarán en las jornadas
de ‘Comunicación y Justicia’ de la UNED, en las que
participará Fernando Tesón, presidente de la Sección VI de
la Audiencia de Cádiz en ceuta. Además, Tesón versará sobre
la necesidad de modernización de la justicia en España en la
era actual, las consecuencias de la primera huelga de jueces
a nivel nacional, además de la solicitud, por parte de los
españoles, de un referéndum sobre la cadena perpetua, debate
suscitado a raíz del polémico y trágico asesinato de la
joven Marta del Castillo.
Pregunta.- ¿Cuál cree que es la imagen que tiene
actualmente el Poder Judicial entre la opinión pública?
Respuesta.- Pienso que el Poder Judicial no está lo
suficientemente valorado por la opinión pública dado que la
imagen que a la misma llega de la Administración de justicia
está distorsionada como consecuencia de un déficit en las
vías de comunicación. La prueba de ello está que en las
encuestas siempre obtiene mejor nota cuando los encuestados
han utilizado en alguna ocasión este servicio público o han
estado relacionados de alguna manera con los órganos
judiciales.
P.- ¿En qué medida los medios de comunicación influyen sobre
los diferentes sucesos?
R.- En gran medida. Esta es una de las cuestiones
fundamentales que es preciso analizar en profundidad y
conseguir una regulación legal o reglamentaria que ponga
límites a los abusos que se puedan cometer a través de los
llamados juicios paralelos. Ha de tenerse en cuenta que la
publicidad, sobre todo de los juicios penales, fue una
garantía frente a los procesos inquisitivos del Antiguo
Régimen, donde la justicia se administraba de manera
arbitraria desde el poder absoluto y bajo un total secreto.
A partir de nuestras leyes procesales del siglo XIX el
panorama cambió radicalmente y, en la actualidad, nos
encontramos con un sistema mixto, en el que, durante la
instrucción, se mantiene el secreto a fin de dar a la
acusación, pública o privada, y al juez de instrucción el
conocimiento necesario para que pueda celebrarse un juicio
con igualdad de armas, público y contradictorio. Pero esta
razón de la publicidad ha adquirido hoy día una nueva
dimensión influida no sólo por el respeto al derecho a
proceso justo que tiene el acusado sino por la función que
corresponde a los medios de comunicación de transmitir una
información veraz de los acontecimientos noticiables, y,
desde luego, muchos juicios penales lo son.
P.- ¿La información que se ofrece de los juicios puede tener
algún aspecto positivo en alguna de las partes?
R.- El ejercicio de este derecho constitucional también
tiene una influencia positiva en el proceso, sirviendo a
veces de control y de ayuda a la labor judicial, pero en
otras muchas ocasiones el mismo puede tener unos efectos
perversos ya que, por un lado, puede causar perjuicios
irreparables a los imputados y a las víctimas de los delitos
investigados; y en otras ocasiones pueden llegar a perturbar
la investigación policial y judicial.
P.- ¿Cree que la información diaria potencia el perfil
delictivo, por ejemplo, en casos de violencia de género?
R.- Es otro de los efectos negativos que, efectivamente,
podría tener la aireación de determinadas formas delictivas,
y que, según sociólogos y criminólogos, pueden generar por
mimetismo una reacción de imitación en potenciales
criminales.
P.- ¿Cree que se informa adecuadamente sobre sucesos y
tribunales en el periodismo actual? ¿Los periodistas
deberíamos estar más especializados para involucrarnos en
este campo?
R.- Pienso que esta es una de las claves, quizás la más
importante, para solucionar los problemas que antes he
expuesto. Creo que hacen falta profesionales especializados,
en los dos lados, es decir, en los medios y en los propios
tribunales. Ya algo se esta haciendo dado que me consta que
cada vez más periodistas se están especializando en la
materia, a través de un conocimiento necesario del
funcionamiento del procedimiento judicial. También existen
los gabinetes de prensa, que desde luego se deberían
potenciar, a fin de canalizar adecuadamente la información
dando una imagen de la justicia lo más ajustada posible a la
realidad.
P.- El uso de un vocabulario específico y complejo, ¿cree
que impide el conocimiento de la ciudadanía en general sobre
la Justicia?
R.- Si no lo impide, al menos lo dificulta enormemente. Es
uno de los problemas que venimos arrastrando como
consecuencia de tener que aplicar unos conocimientos que van
precedidos de una larga tradición histórica, y que sin
embargo siempre ha quedado reservada para los juristas. Gran
parte de culpa la tenemos nosotros, en general, ya que
debemos hacer un esfuerzo para que el destinatario de
nuestras sentencias, el ciudadano justiciable, pueda
comprender con claridad la motivación de las mismas. Por
otro lado no vendría mal una iniciación en la escuela o el
bachillerato, de una materia que a lo largo de la vida
existen muchas posibilidades de que nos topemos con ella.
P.- ¿Qué relación cree que posee el sector judicial con los
medios de comunicación?
R.- En estos momentos hay un cierto descontrol. Creo que,
como he dicho antes, sería conveniente una regulación y una
clarificación de ideas. De todas formas, creo que en España
existe una gran flexibilidad, en el tema del acceso de los
medios a los tribunales, ya que, sin perjuicio de que el
Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un Protocolo
de actuación, se deja en manos de los jueces y presidentes
de Sala, de manera que se hace caso de forma consensuada, y
tratando siempre que se guarde un equilibrio entre todos los
intereses en juego. Fundamentalmente el derecho
constitucional a la información y los también
constitucionales del honor, la intimidad y la propia imagen.
P.- Entonces, ¿en España existe esa cierta libertad de
comunicación para los medios?
R.- Piense que en países de nuestro entorno la cuestión esta
regulada de forma mucho más estricta que en España, llegando
incluso a criminalizarse la existencia de juicios paralelos
que, por ejemplo, en Inglaterra puede suponer un delito de
desacato al tribunal (‘contemp of court, by publication’), o
en Austria, donde está tipificado como delito. Lo que sí
creo que debería ser abordado en España con prontitud es el
problema de las filtraciones a los medios de las actuaciones
sumariales que siempre son secretas. Existe una gran
tolerancia al respecto ya que quienes a veces se aprovechan
de estas actividades que pueden llegar a ser delictivas
(revelación de secretos), en otras ocasiones se quejan
cuando les perjudican. De todas formas es una cuestión
difícilmente controlable y que, desde luego, no es imputable
a los jueces instructores, dado que en la instrucción
intervienen muchos operadores, y cuando el sumario no está
expresamente declarado secreto para las partes (lo que no
impide que siga siendo secreto para el público en general),
las posibilidades de filtración son enormes y , como digo,
de muy difícil control.
P.-¿Cuales serían sus recomendaciones para ofrecer una buena
información?
R.- Creo que profesionalidad y ética o deontología
profesional de todos los que intervenimos en este fenómeno,
tanto del lado de los tribunales como de los medios de
comunicación. Y, desde luego, una regulación más precisa que
ofrezca mayor seguridad jurídica clarificándonos el camino a
seguir.
Una “llamada de atención”
P.- Tras la huelga del pasado 18 de febrero, ¿se han
producido cambios en la situación actual de los jueces?
R.- Creo que esta huelga, sin precedentes en la historia de
España, ha sido sólo una llamada de atención a la ciudadanía
y a los otros poderes, con la única finalidad de que
determinados problemas endémicos de la Administración de
Justicia sean abordados de una vez en beneficio de todos, a
fin de conseguir una justicia más ágil, moderna y adaptada a
una sociedad del siglo XXI.
P.- ¿Qué repercusión a nivel político ha tenido la
movilización?
R.- Creo que el poder político ha tomado buena nota del
malestar existente y de la necesidad de ponerse en marcha
para la solución de tantos problemas. Pienso que el Consejo
General del Poder Judicial y el propio Ministerio de
Justicia, respecto de los que en estos momentos, yo al menos
no tengo motivos para desconfiar, están en ello y habrán de
tirar del carro.
P.-Se denunciaba independencia con respecto a la política,
¿está coartado el Poder Judicial en sus actuaciones?
R.- Afortunadamente para todos nosotros, en España existe
una justicia independiente y eso lo puedo garantizar, si no,
no estaría aquí. El problema radica en que nunca estamos
ajenos a cualquier intención que se pueda producir desde
fuera para interferir, de alguna manera, en las decisiones
judiciales. En España lo que se está criticando y en lo que
puede haber una cierta politización es en el Consejo General
del Poder Judicial, en la forma de nombramiento, porque los
vocales son nombrados por el poder legislativo. Pero a base
de unos acuerdos a los que se llegan, de alguna manera el
Consejo quiere ser el reflejo de la representación política
que hay en el Parlamento.
P.-En cuanto a esta elección, ¿no se plantea un método más
independiente?
R.- Hay un criterio generalizado en contra de este sistema
pero tampoco hemos encontrado otro mejor. Existía uno antes
de la Ley orgánica del año 85, que era la elección de 12 de
los 20 vocales del Consejo, por parte de los miembros de la
carrera judicial. Se cuestionó porque decían que los jueces,
de alguna manera, no teníamos nombramiento elegido
democráticamente aunque nuestra función está legitimada por
la propia Constitución. Y hay está la discusión y el debate.
P.-Y con respecto a otros mecanismos que coarten la
libertad....
R.- En cuanto a lo demás, sÍ existen intentos, lo que hay
que hacer es que los mecanismos del Estado de Derecho
funcionen correctamente para evitar cualquier interferencia
en la independencia del poder judicial. Los jueces, además,
deben tener una imparcialidad objetiva derivada del caso
concreto y para eso hay mecanismos como las recusaciones o
las abstenciones.
P.-La inexistencia de la informatización de los sistemas y
las comunicaciones entre los órganos judiciales de toda
España, ¿cs un problema que altera el procedimiento judicial
a nivel estatal?
R.- Por supuesto. Estamos en la cola de la modernización de
la Administración, es decir, cualquier otra tiene unos
sistemas informáticos adecuados a los tiempos en los que
vivimos. Aquí, desgraciadamente, no ha sido así y ha habido
varios problemas. Primero, no hay recursos suficientes y
existe una gran dispersión en cuanto a los programas de
gestión procesal, que se han ido asumiendo por parte de las
diferentes comunidades autónomas que tienen transferidas las
competencias en justicia, siendo incompatibles entre ellas.
P.-A raíz del caso de Marta del Castillo parte de la
ciudadanía reclama un referéndum sobre la cadena perpetua,
¿qué opina usted?
R.- Un sistema de cadena perpetua como el que existe en
Francia, que es revisable en función de la reinserción
social, creo que podría tener cabida en España sin necesidad
de modificar la Constitución. Pero es una opinión personal.
Es un debate importante que la sociedad está demandando que
podría tener encaje, siempre que sea con unas determinadas
condiciones y con una posibilidad de revisión seria y que
controle sobre el peligro de ciertas personas, hasta que se
reintegren, con posibilidad para salir de prisión.
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LA SITUACIÓN
DE LA JUSTICIA, DESDE LA
ÓPTICA CEUTÍ
