El Juzgado de lo Penal celebró ayer un juicio que deberá
concretar si el acusado cometió o no, un presunto delito de
quebrantamiento de medidas cautelares y una supuesta falta
de amenazas. El acusado explicó que no se había percatado de
la presencia de la denunciante y esta alegó que la insultó y
no se marchó del escenario.
La representante del Ministerio Fiscal en la ciudad solicitó
una pena de nueve meses de prisión, seis meses de
prohibición de comunicarse a menos de 150 metros y ocho días
de localización permanente, para un sujeto imputado por un
presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar y una
falta de amenazas.
El letrado de la acusación particular se adhirió a la
petición de la fiscal añadiendo una indemnización de 200
euros por daños morales a terceros. Por su parte, la defensa
pidió la libre absolución de su patrocinado alegando que los
hechos no habían quedado acreditados y “cooperación y
provocación por parte de la denunciante” en los hechos
acontecidos.
Según constataron las partes involucradas, todo ocurrió el
23 de enero entre las doce y la una de la tarde en los
aledaños del Mercado Central. El acusado explicó que “me
encontraba en el lugar de los hechos vendiendo lotería, como
todos los días, en mi sitio de venta. Sobre la una menos
cuarto, me acerqué a la cabina de teléfono pero sin ver a la
denunciante. Ella iba acompañada de nuestra perra y por sus
ladridos, las vi; colgué el teléfono y me fui, sin decir ni
hacer nada por la orden de alejamiento que tenía”.
Sin embargo, la denunciante -hija del matrimonio que está en
proceso de divorcio-, alegó que “yo estaba vendiendo la
lotería de mi madre para ayudarla, aunque no esté autorizada
por Cruz Roja. Él empezó a asustar a la perra para que se
avalanzase sobre mi y comenzó a insultarme y decirme que me
iba echar de la casa. Después de los insultos y las
amenazas, una señora le regañó y se fue a vender su lotería.
Cuando acabé de trabajar, fui a denunciarlo a Comisaría”.
Al parecer, el matrimonio se encuentra en un procedimiento
civil para el divorcio. La vivienda en la que convivían
pertenecía a los familiares del acusado, y hace apenas un
mes, el juez resolvió que fuera este el que la disfrutase y
fuese desalojada por la mujer y la hija. Por estas razones,
la letrada de la defensa alegó que “mi patrocinado, desde el
auto de resolución, no ha montado ningún escándalo ni ha ido
a la vivienda a echarlas”. A lo que le abogado de la
acusación particular contestó que “la hija padece cuadros de
depresión y ansiedad alegando que él las ha maltratado a las
dos y nunca ha querido resolver los papeles de residencia en
el domicilio”.
En las conclusiones finales, la fiscal solicitó una
sentencia condenatoria explicando que concurrían los hechos
denunciados y que se produjo el acercamiento ya que el
acusado había reconocido su posición en dicho escenario.
La acusación particular se adhirió al informe realizado por
la fiscal agregando que en las pruebas existía la ausencia
de cualquier interés espurio y que las declaraciones de su
patrocinada se habían mantenido exactas en las testificales
anteriores mientras que “el acusado ha variado sus
declaraciones y los insultos corresponden a esa pieza de
puzle que es el tema de la vivienda”.
Por su parte, la defensa alegó el acusado no se había
percatado de la presencia de la denunciante y que “mucho
miedo ell no le tendría cuando no se distanció ni se marchó
al verlo él, lo que podría recaer en cooperación o
provocación de dicho delito”.
El juicio quedó visto para sentencia.
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