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Los precedentes no alimentan la esperanza de que Ceuta (o
Melilla) puedan gozar de un régimen de ayudas específicas
similar al que sí tienen las regiones reconocidas
oficialmente como ultraperiféricas (el mantenimiento y,
sobre todo, el ordenamiento de las disposiciones fiscales y
aduaneras particulares de las que se benefician las zonas
así tipificadas: los departamentos franceses de Ultramar,
las Azores, Madeira y las islas Canarias). Cuando un
diputado del Grupo Popular Europeo planteó una consulta
similar en relación con las Islas Baleares la respuesta de
la Comisión y el Consejo fue que no.
Los consejeros de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma,
Guillermo Martínez y Francisco Márquez, anunciaron el pasado
jueves en el Pleno que moverán los hilos oportunos ante la
Administración General del Estado y las autoridades
comunitarias al objeto de que Ceuta pueda gozar de algún
tipo de régimen especial “similar” al de las regiones que la
Unión Europea (UE) reconoce oficialmente como “ultraperiféricas”:
Azores, Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica,
Reunión: seis zonas insulares y una aislada en el noroeste
del continente sudamericano, a miles de kilómetros de
Europa.
Las posibilidades de conseguirlo, a juzgar por los
antecedentes y por la opinión que expresaron los propios
Márquez y Martínez en el Salón de Plenos.
La reivindicación ceutí tiene un claro precedente en las dos
preguntas que el miembro del Grupo Popular Europeo Antonio
López-Istúriz planteó al Consejo y a la Comisión de la UE en
abril de 2005.
En ambas el parlamentario español argumentaba que siendo
“sabido” que los diversos accidentes geográficos “dificultan
el desarrollo económico y social de algunas regiones de la
Unión Europea” y a la vista de que hay regiones de la UE
“que se ven afectadas por circunstancias geográficas en
ocasiones limitativas” y “no gozan del reconocimiento de
ventajas especiales” y se preguntaba si cualquiera de las
dos instituciones había pensado “en adoptar algún tipo de
medidas para compensar fiscal o económicamente la
peculiaridad que afecta a las Islas Baleares y, en caso
afirmativo, qué medidas concretas podría ofrecer”.
Para justificar su petición López-Istúriz subrayaba que la
población del archipiélago balear, como Ceuta y Melilla,
deben hacer frente a un “gasto adicional y periódico” con
respecto a los ciudadanos continentales “para trasladarse a
cualquier punto de la geografía española ya sea por motivos
laborales, educativos o simplemente personales”.
En menos de tres semanas la comisaria europea de Política
Regional, Danuta Hübner, respondió en nombre de la Comisión
al diputado Popular que en el artículo 299 del Tratado de
Amsterdam quedaron establecidas explícitamente las
“desventajas específicas” que deben combinar los territorios
europeos que aspiran a gozar del reconocimiento de
ultraperiferia: lejanía, insularidad, reducida superficie,
relieve y clima adversos y dependencia económica de un
reducido número de productos.
Eso, destacó Hübner, “es precisamente lo que aporta a los
departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y
las islas Canarias su carácter cualitativamente diferente
con respecto a las demás regiones con desventajas de la UE”.
Hasta un 5% más
Excluidas, por tanto, de ese grupo, la comisaria polaca
planteó una alternativa a López-Istúriz para reclamar ayudas
específicas: “En la propuesta de Reglamento del Consejo, de
14 de julio de 2004, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y
el Fondo de Cohesión(1) se reconoce la especificidad de las
zonas con desventajas naturales en el marco de los objetivos
de la política de cohesión”, le recordó antes de dejar claro
que debe ser “cada Estado miembro o región” la que decida si
opta o no por “aumentar el porcentaje máximo de
participación del FEDER en 5 puntos porcentuales en el
objetivo ‘competitividad regional y empleo’ cuando la
intervención principal sea a favor de las zonas con
desventajas geográficas o naturales (entre ellas, los
Estados miembros insulares beneficiarios del Fondo de
Cohesión, y otras islas, excepto aquéllas en las que esté
situada la capital de un Estado miembro o que mantengan una
conexión fija con el continente)”.
A juicio de Hübner el FEDER es el instrumento adecuado para
compensar a las regiones no reconocidas como
ultraperiféricas porque en su Reglamento ya reconoce “la
necesidad de que los programas cofinanciados tomen en cuenta
las zonas con desventajas, principalmente mediante la
focalización sobre las inversiones imprescindibles para el
desarrollo de estas zonas” con medidas destinadas a “mejorar
la accesibilidad, promover y desarrollar las actividades
económicas relacionadas con el patrimonio cultural, promover
el uso sostenible de los recursos naturales y estimular el
sector turístico”.
En junio el Consejo Europeo dio por zanjada la cuestión
indicando al diputado español que en cualquier caso
“corresponde a la Comisión [que ya había rechazado la
posibilidad solicitada], basándose en su derecho de
iniciativa, presentar al Consejo a partir de las
disposiciones correspondientes del Tratado medidas de todo
tipo a fin de tomar en consideración el retraso de las islas
menos favorecidas”.
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la revitalización del desarrollo
económico y el empleo 
