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Supuestamente el acusado llevaba en su vehículo casi 30
kilos de hachís que pretendía vender en San Lorenzo del
Escorial, pero fue interceptado por la Guardia Civil en el
puerto. Por ello, la fiscal solicita una pena de cuatro años
de prisión para el imputado aunque la defensa alega que “las
pruebas periciales no han seguido los protocolos
necesarios”.
La representante del Ministerio Fiscal en la ciudad solicitó
cuatro años de prisión para un sujeto acusado de un presunto
delito contra la salud pública.
Por su parte, la defensa pidió la absolución de su
patrocinado entendiendo que “las pruebas periciales no han
sido practicadas correctamente con lo cual no es exacto el
peso y la calidad de la sustancia intervenida o, por lo
menos, no ha quedado demostrada la cadena de custodia”. Esto
significa, que no se acreditó durante la vista oral por qué
manos pasó la sustancia estupefaciente desde su intercepción
en el puerto hasta su llegada a las diligencias previas del
procedimiento judicial, pasando por su análisis en el
laboratorio. Al parecer, los hechos transcurrieron el 29 de
enero en la zona de preembarque de la Estación Marítima,
cuando en el control de vehículos realizado por los agentes
de la Guardia Civil, fueron interceptados casi 30 kilos de
hachís con un índice de pureza del 15%, según acreditó la
fiscal y el perito llamado a testificar.
El acusado declaró que “recogí la droga en Marruecos con la
intención de llevármela a San Lorenzo del Escorial y
venderla allí, no sé cómo ni por qué precio, porque nunca he
traficado. Pero somos diez personas en mi casa, nadie
trabaja porque la crisis nos ha perjudicado y sólo vi esta
opción”. Varios agentes acudieron como testigos acreditando
haber encontrado los fardos de droga bajo los asientos
delanteros del vehículo del imputado, “nada escondidos, sino
en los huecos naturales del coche”. Una vista oral que se
prolongó más de una hora por los repetidos incisos tanto del
letrado de la defensa como de la fiscal.
En las conclusiones finales, la fiscal alegó que los hechos
denunciados habían quedado probados con el agravante de la
introducción de la droga en el territorio español.Por su
parte, la defensa lanzó una crítica un tanto subida de tono
hacia la fiscal alegando que no se podía permitir “una pena
tan alta sin ni siquiera haber realizado correctamente los
protocolos científicos de análisis ni haber presentado
pruebas sobre las personas que tuvieron en su posesión la
droga, ya que menores cantidades supondrían una condena
inferior y al carecer de antecedentes penales, incluso
sustitución por multa”.
El juicio quedó visto para sentencia.
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