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Soy uno de los 55.000 padres objetores de Educación para la
Ciudaddanía. Los libros de texto de ésta asignatura son
adoctrinamiento laicista y ético según los postulados del
Gobierno, basta ojearlos un poco para ver que apenas se
mencionan ni Constitución ni Educación Cívica ni Derechos
Humanos. Para que ésta materia pueda calificarse de neutra,
deben variar mucho los textos escolares.
El fallo del Tribunal Supremo contra la denuncia de los
padres objetores sólo afecta a los alumnos representados en
los cuatro recursos examinados, que son los primeros de una
larga lista. La objeción de conciencia, por cierto, la
ampara nuestra Carta Magna. El desmedido interés del
Gobierno hacia EpC responde a la ingeniería moral que se
pretende imponer en la sociedad, empezando por los niños, y
sin respetar las convicciones de los padres mediante una
asignatura obligatoria.
Sin embargo, las clases de Religión Católica sufren una
discriminación brutal. Acaba de pronunciarse por enésima vez
el Tribunal Supremo sobre ellas: son totalmente
constitucionales, equiparables al resto de las materias, de
obligada oferta para los centros y optativas para los
alumnos. La realidad es muy distínta: no se ofrece
alternativa, los alumnos que no asistan a ella pasan una
hora de estudio, se van a casa antes o se quedan en el
recreo.
La discriminación de EpC respeto a Religión es notoria. La
aconfesionalidad del Estado, que ampara la Constitución,
queda en entredicho.
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OPINIÓN
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CARTAS AL DIRECTOR
