El Gobierno de la Ciudad Autónoma, a través de su
presidente, Juan José Imbroda, mostró su preocupación por
cómo se ha organizado el plan extraordinario de empleo desde
la Delegación del Gobierno, institución que en esta ocasión
no ha requerido la ayuda económica de la Administración
local para la adquisición de los materiales necesarios para
desarrollar los planes de empleo.
El Gobierno de Melilla advirtió ayer de que en el plan
extraordinario de empleo que está llevando a cabo el
Ministerio de Trabajo e Inmigración podrían haberse cometido
presuntas “irregularidades” en la contratación del personal,
debido a la “falta de transparencia” con la que se ha
llevado el proceso.
En rueda de prensa, el presidente del Ejecutivo local, Juan
José Imbroda, basó ayer sus sospechas en el hecho de que la
Delegación del Gobierno en Melilla no ha pedido en esta
ocasión ayuda económica a la Ciudad Autónoma para la compra
de materiales con los que se llevan a cabo los planes de
empleo, como siempre ha hecho en virtud de un convenio de
colaboración entre ambas instituciones.
Imbroda recordó que este convenio se ha firmado
tradicionalmente en todos los planes de empleo realizados en
Melilla, aunque la Ciudad Autónoma advirtió hace varios
meses de que su colaboración estaría supeditada a partir de
ahora a la “transparencia” en el proceso de contratación.
Esta decisión de la Administración local vino motivada el
pasado verano tras la polémica por la negativa de la
Delegación del Gobierno en Melilla a publicar la lista de
contratados como se había hecho en Ceuta, tal y como pedía
la Ciudad Autónoma, que sospechaba que el PSOE y Coalición
por Melilla (CPM) habían prometido un puesto de trabajo en
los planes de empleo a cambio de votos en las elecciones
generales de 2008.
“Nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre que haya
transparencia”, puntualizó Imbroda, quien lamentó que la
Delegación del Gobierno haya preferido en este plan
extraordinario de empleo no firmar el convenio de
colaboración con la Ciudad Autónoma antes que facilitar la
relación de personas contratadas.
Según Imbroda, “está claro que han preferido que nosotros no
pongamos el dinero para los materiales, como se ha hecho
durante años, porque exigíamos transparencia y no han
querido que la haya”, por lo que “puede haber ocultamiento
de cosas negativas”.
“Si tuvieran la conciencia tranquila, no habría problemas
para que aportáramos el dinero para los materiales”,
insistió Imbroda, que mostró su “preocupación” por “cómo se
están haciendo los planes de empleo”.
Además, advirtió de que podrían estar cometiéndose
“irregularidades importantes” en la organización de estos
planes, aunque ha confiado en que “al final saldrán y se
sabrán, como todo lo que se hace de forma irregular o fuera
de la Ley”.
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