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La Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (ACCEM)
considera la convocatoria de huelga de los jueces un fracaso
profesional y político que tiene su causa en el deterioro de
la justicia del que son responsables la partidos, los jueces
y sus asociaciones y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
como órgano de gobierno. En consecuencia, la asociación se
manifiesta contraria a la huelga de jueces y reclama, en su
caso, la fijación de servicios mínimos equiparables a los
que se establecen para cualquier servicio esencial.
Según la asociación, la tabla reivindicativa que formulan
los jueces y que ha sido acogida por sus asociaciones
profesionales es razonable en la mayor parte. Sin embargo,
en la trastienda de muchas de estas reivindicaciones están
el Ministerio de Justicia y las Comunidades con
competencias, pero también la propia gestión del CGPJ a lo
largo de los años, la tolerancia de los propios jueces con
la situación y la contemplación de sus asociaciones. Esta es
la conclusión a la que llega ADECES al examinar las
reivindicaciones que formulan los jueces y contrastarla con
las memorias y otros documentos públicos del CGPJ.
En la memoria del año 2000 referida al ejercicio anterior,
el CGPJ recoge la necesidad de creación de 2.420 nuevas
plazas judiciales hasta el año 2010. Según este cálculo,
anualmente deberían crearse una media de 242 plazas. A pesar
de las previsiones, durante el periodo 2000-2004 el número
de nuevas plazas creadas se situó en 88 al año, siendo la
media de 154 en el período 2005-2008. Sin embargo, en 2004
el propio CGPJ revisa sus estimaciones y habla de la
necesidad de crear 429 nuevas plazas de jueces. Aún así, si
se acepta como válido el período del primer plan estratégico
hasta 2010, la media de creación anual de plazas se rebaja
hasta las 86. Es pues, el propio CGPJ el que en 4 años
reduce la primera estimación de 242 nuevas plazas por año a
86.
Para ADECES, estos cambios estratégicos que los
profesionales han dado por buenos no se corresponde con el
crecimiento de la población ni con el aumento de la
litigiosidad que los juzgados han venido experimentando.
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Asociación
pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales
