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La Ciudad Autónoma formalizó ayer ante el Decanato de los
Juzgados de Ceuta su denuncia contra el secretario general
de CCOO y su secretario de Organización, Juan Luis Aróstegui
y Ramón del Valle-Inclán Moreda, como presuntos autores de
los delitos de denuncia falsa, calumnias e injurias con
publicidad por la denuncia que el 20 de enero elevó con la
rúbrica del primero el sindicato a la Fiscalía de Menores en
relación con una presunta práctica “habitual y sistemática”
de malos tratos a los internos de Punta Blanca. A juicio de
la Ciudad el líder de Comisiones pretendía, amparándose en
el sindicato, “desgastar” al Gobierno ceutí.
La Ciudad Autónoma presentó ayer a través de su Asesoría
Jurídica en el Decanato de los Juzgados locales una denuncia
contra el secretario general de Comisiones Obreras, Juan
Luis Aróstegui Ruiz, y su secretario de Organización, Ramón
del Valle-Inclán Moreda, “al considerar que pueden haber
cometido los delitos de denuncia falsa y/o calumnias con
publicidad y/o injurias con publicidad” al presentar el
pasado 20 de enero una denuncia ante la Fiscalía de Menores
por un supuesto caso de torturas sistemáticas en el centro
de reforma de Punta Blanca, según informo ayer el Ejecutivo
local a través de una nota de prensa.
En dicho comunicado se refiere que en la denuncia “se
relatan los hechos en los que se basa la actuación judicial
iniciada por la Ciudad y se fundamentan los motivos por los
que se considera que los denunciados podrían haber cometido
alguno, varios o los tres delitos antes citados y previstos
en los artículos 205, 208 y 456 del Código Penal.
En la argumentación se señala que “pese a la gravedad de las
acusaciones dirigidas contra los trabajadores de Punta
Blanca” estas se hicieron sin “el más mínimo elemento de
prueba, tal y como reconoció explícitamente el propio
Aróstegui en una entrevista con un medio de comunicación,
donde llegó a decir que su acusación se basaba en
‘testimonios veraces de personas’ sin especificar, pese a
ser preguntado por ello, su identidad y, por tanto, sin que
se pueda determinar la veracidad de lo denunciado y
manifestado por el sindicato”.
Para la Ciudad “esta falta de elementos de prueba” se volvió
a poner de manifiesto en la nota de prensa enviada por CCOO,
en la que se habló de la existencia de un “protocolo de
actuación” y de “maltrato institucional”, unas acusaciones
que a juicio del Ejecutivo local adolecen “de la más mínima
verosimilitud”.
La actuación del sindicato deja abiertos, según la Ciudad,
“varios interrogantes” que se relatan en el escrito de la
Asesoría Jurídica “como por qué no trató de contrastar esa
información que supuestamente había recibido, aunque fuera
con los representantes sindicales en la Ciudad o en el
propio centro de reforma”. Todo esto hace pensar al Gobierno
ceutí que al secretario general de Comisiones “no le
convenía que la realidad le privase de protagonizar una
notoria denuncia”, según se señala en el escrito de
denuncia.
“Es decir, que el sindicato careciendo de pruebas no sólo no
se conforma con denunciar el supuesto maltrato de los
menores internados en el centro de reforma, sino que, ‘dando
unilateralmente por probado los hechos denunciados’, elevó
el tono hasta el punto de hablar de un protocolo
institucionalizado de torturas para finalmente comparar el
caso con Guantánamo y Abu Ghraib”, advierte la Ciudad, que
considera que esta comparación, rechazada públicamente por
representantes del mismo sindicato en la Ciudad,
constituiría no sólo “un error muy grande”, como han dicho
desde este sindicato, “sino un ilícito penal”.
“Desgaste político”
La actuación responde, a juicio de la Ciudad, al objetivo
“extrajurídico” de comparar la política de menores del
Gobierno con los “deleznables” comportamientos de torturas
sistemáticas en zonas de guerra, es decir, se trata de
lograr, sin más, un “desgaste político”. En este sentido en
el escrito de denuncia se resalta también que “el empleo de
las siglas CCOO es un manto protector de las actuaciones que
‘ad personam’ deciden los denunciados”, ya que la denuncia a
la Fiscalía de Menores no se basa en un acuerdo del
sindicato ni a nivel nacional ni local.
Las reacciones de rechazo realizadas desde la Federación de
Servicios y Administraciones Públicas de CCOO y desde los
sindicatos UGT y CSI-CSIF y otros hechos como las bajas en
la afiliación a CCOO en Menores o las manifestaciones del
juez de Menores a este periódico, al que dijo que “nunca ha
tenido la más mínima sospecha” de que esté ocurriendo lo
denunciado por el sindicato, se han incorporado a la
denuncia “por constituir una reacción ‘airada y uniforme’
que es ‘difícil’ encontrar en Ceuta y que no responde a otra
cosa que no sea ‘la gravedad objetiva de los hechos
denunciados y de su falta de prueba, dato o indicio’ que lo
sustente”, explicó la Ciudad.
Aunque los denunciados son Juan Luis Aróstegui y Ramón del
Valle-Inclán Moreda en el propio escrito se hace referencia
a que la denuncia “se dirigirá también ante cualquier otra
persona que en el curso de la instrucción resulte partícipe
de los hechos relatados”, advirtió la Ciudad en su nota
informativa.
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Se achaca obrar “con desprecio a la verdad” a los
denunciados
La Ciudad Autónoma considera que
el comportamiento de Aróstegui y Moreda “puede ser
constitutivo” de los delitos previstos en el Código Penal de
denuncia falsa [artículo 456] por realizar el sindicato una
denuncia ante un funcionario público sin tener pruebas o
indicios y posteriormente difundirlo “con temerario
desprecio a la verdad, o más bien sin importar su
verosimilitud, sin la más mínima comprobación”. Igualmente
opina que ambos pudieron incurrir en otro delito de
calumnias e injurias [artículos 205 y 208] al obrar “con
total desprecio a la verdad”. En estos dos últimos casos el
Ejecutivo de Vivas cree que tendría el agravante de haber
sido con publicidad, al haberse difundido la noticia,
creando, además, “una injustificada alarma social entre los
menores internados, sus familiares y de la propia plantilla
del centro”, que “de la noche a la mañana se ve sometida al
escrutinio desconfiado de cualquier persona de buena fe a la
que se le traslada una acusación tan deleznable como la
difundida por los denunciados”, indicó en nota de prensa. A
juicio de la Ciudad, las víctimas de este ataque no sólo
serían los trabajadores del centro de reforma, sino los
responsables de la política de Menores, ya que lesiona
“grave, gratuita y públicamente” su “buena imagen, prestigio
social y estimación”, y la propia Administración, que, “de
velar fielmente por los intereses generales y de los menores
en particular”, pasa a convertirse en una entidad que
“institucionaliza y sistematiza la tortura y los tratos
degradantes como forma de comportamiento”.
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‘caso punta blanca’
