La secretaria general de Justicia, Josefa Vilar, declarará
como imputada por un presunto acoso laboral, el próximo 19
de febrero a las doce de la mañana en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Ceuta. La denuncia fue interpuesta
en 2007 por el secretario judicial de la Audiencia, Juan
Ignacio Sagardoy, y fuentes cercanas a este sospechan que la
Justicia está dilatando la instrucción e incluso que varios
datos han sido modificados en cuanto a la acusación y la
calificación de los hechos.
Casi un año y medio después de que el secretario judicial de
la Audiencia, Juan Ignacio Sagardoy, interpusiese una
denuncia por supuesto acoso laboral a Josefa Vilar,
secretaria general de Justicia, el Juzgado de Instrucción
número 2 de la ciudad, que lleva la causa, ha citado a la
imputada el próximo 19 de febrero, a las doce de la mañana,
para tomarle declaraciones a puerta cerrada.
En junio de 2008, Vilar, que es la máxima representante del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Ceuta,
testificó ante dicho juzgado por la denuncia interpuesta,
aunque no en calidad de imputada. Por ello, fuentes cercanas
al secretario judicial advierten no sólo de un excesivo
retraso de la Justicia con respecto al caso, sino “que en
lugar de preguntarle por los hechos el primer día tras poner
la denuncia, se está paralizando la instrucción de forma
anormal”.
Ciertamente, los hechos se remontan al 31 de octubre de
2007, cuando Juan Ignacio Sagardoy tomó la decisión de
demandar a Josefa Vilar por presunto ‘mobbing’ ya que esta
le había abierto tres expedientes de faltas graves en poco
más de un año. Un hecho supuestamente motivado después de
que el secretario judicial interpusiera un recurso
contencioso-administrativo contra una resolución del
Ministerio y la propia secretaria como codemandada en
relación con una presunta irregularidad en el concurso de
una plaza vacante (la de secretario judicial en la Audiencia
Provincial de Cádiz en Ceuta). Dicho recurso fue tramitado
por el Juzgado Central nº 2 de lo Contencioso-Administrativo
de Madrid, quien dictó sentencia estimando la demanda.
Aunque los hechos se agravan aún más cuando fuentes próximas
al denunciante explican que “alguien ha cambiado varios
datos colocando a Sagardoy como acusado en la carpeta donde
está la causa. Y peor es todavía, que en lugar de calificar
los hechos como un supuesto delito por ‘mobbing’, aparece la
calificación de ‘atípica, que quiere decir que no es
delito”.
Al parecer, las calificaciones son realizadas después de
tomar las oportunas declaraciones pero no desde el principio
ya que “es tipificarlo sin base. Entonces cualquier persona
que coja el expediente ya está predeterminado ante el caso
que se va a juzgar”.
Otros de los interrogantes que presenta el caso y que
denuncian las fuentes del secretario judicial tienen que ver
con una supuesta ilegalidad con respecto a la toma de
declaraciones. “Cuando una persona interpone una demanda, se
tiene que ratificar y a él tardaron un año en preguntárselo
mientras que Vilar ni ha declarado como imputada, ni nadie
se ha preocupado de tomárselas”. Nuevamente, la última
palabra la tendrá el magistrado de la Instrucción nº2;
mientras tanto, habrá que esperar estas primeras
declaraciones.
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