|
Renunciado oficialmente a la
reclamación a la Administración General de Estado para que
se devuelva la competencia en urbanismo que le fue retirada
en 1999 cuando el acceso del GIL al poder, el Gobierno local
admite que el hecho de que sea el Estado el competente en
materia urbanística en Ceuta “es una garantía”. Quien así
responde el consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma. Es
evidente que este es un modo absolutamente claro de evitar
especulaciones en el buen entendido ‘negocio’ de lealtad y
compromiso con el avance y desarrollo de la cidad. Situación
que actualmente se alcanza pese a contar en las dos
administraciones con formaciones políticas de muy distinto
signo, lo que indica el elevado nivel de responsabilidad en
la gestión de cara a la ciudadanía que es, al fin y a la
postre, la beneficiaria del servicio público que han de
realizar en su cometido cualquiera de las dos
administraciones [Central y Local], por encima de los
intereses partidistas que siempre promueven injusticias en
el fondo y hasta en las formas.
Pero no es el caso en cuestión. El compromiso de la creación
de una comisión mixta entre las dos administraciones con el
objetivo único de simplificar gestiones y agilizar los, a
veces, tortuosos trámites que se siguen para modificaciones
de planeamiento o de ordenación del territorio, es sin duda
un hecho de elevado calado político que muestra -se insiste-
la capacidad reconocida de servicio público y la confianza
leal entre los gobiernos central y autonómico.
Es mejor dejar las cosas como están. Si bien es la
Administración General del Estado la que debe aprobar
competencialmente el Plan General de Ordenación Urbana y sus
revisiones, es el gobierno autónomo de la Ciudad de Ceuta la
que puede, según la Ley del Suelo de 2007, el que debe
aprobar los planes parciales y especiales, así como las
modificaciones del PGOU no contempladas como competencia
estatal, y siempre y cuando se disponga de un informe
vinculante del Gobierno central.
Que sea el Estado el que tutele el suelo de Ceuta es, como
asegura el Gobierno ceutí, una garantía y un aval.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
