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Parace ser que el movimiento judicial de reivindicación se
ha asentado en el territorio español. Los jueces de Ceuta,
junto a la mayoría de sus compañeros de la península,
secundarán la huelga convocada para el 18 de febrero. La
Comisión Interasociativa Permanente (CIP) plantea, por su
parte, medidas de protesta como concentraciones, ruedas de
prensa y una jornada de puertas abiertas, que se acordarán
en la próxima Asamblea que se celebrará el dos de febrero.
El Palacio de Justicia fue el escenario, durante la larga e
intensa tarde de ayer, de la Junta General de Jueces de la
ciudad autónoma que acordó secundar por unanimidad la huelga
convocada en todo el territorio español para el próximo 18
de febrero. Iniciativa que seguirán en la carrera
magistrados de Madrid, Extremadura, Murcia, Soria, Getafe,
Sevilla, Málaga, Barcelona y, prácticamente, la totalidad de
Comunidades Autónomas de España.
A la Asamblea en el recinto ceutí acudieron un total de 15
jueces unipersonales y algunos de órgano colegiado en
calidad de “trabajadores, como personas que reciben su
sueldo, con reivindicaciones concretas, no como poder del
Estado sino como funcionarios”, explicó el portavoz de la
Asamblea.
La falta de medios materiales y personales, la sobrecarga de
trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión
de los recursos existentes y el deterioro de la
Administración de Justicia “han sido causas suficientes para
exigir a los poderes públicos la definitiva solución de
estas graves carencias con el fin de poder ofrecer a los
ciudadanos un servicio público moderno, ágil, eficaz y
adecuado a las necesidades de la sociedad actual”. En
consecuencia, “acordamos convocar una jornada de huelga
desde las cero horas a las 24 horas” del citado día. Dicho
cese de actividad afectará, sin perjuicio de los servicios
mínimos que se establezcan, a todas las actividades
laborales y funcionariales desempeñadas por los jueces y
magistrados que prestan sus servicios en este territorio
siempre y cuando hasta la fecha “no se adopte ni formalice
el correspondiente compromiso respecto de todas y cada una
de las medidas reivindicadas en la reunión de Jueces Decanos
celebrada en Madrid el pasado 10 de enero”.
Entre estas reivindicaciones, el cumplimiento de las
previsiones de actualización de la vigente Ley de
Retribuciones, atribuir a los jueces el control de la agenda
de señalamientos, la instauración de la oficina judicial,
dotación de recursos personales, materiales y técnicos,
incremento de la inversión en la Administración de Justicia,
un Reglamento que establezca la carga de trabajo y la
homologación a las medias europeas de las ratios de jueces
por habitante. Todas ellas unidas, además, a otras ocho
reivindicaciones de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP).
“Los objetivos logrados son insuficientes, no se concretan
plazos y se deniegan parte de esas reivindicaciones básicas
de forma expresa”, comunicó el portavoz.
Otra de las necesidades que han motivado esta huelga que
podría ser histórica es la intrusión del poder político en
el terreno judicial. “Queremos acabar con la politización de
la Justicia, que el poder judicial sea auténticamente
independiente y limpio, recuperar nuestro orgullo y dignidad
de ser jueces”, manifestó el colectivo.
Para concluir la cita, los jueces acordarón una Asamblea
para el próximo 2 de febrero a las seis y media de la tarde
para “estudiar y valorar los futuros acontecimientos en
orden al mantenimiento, o no, de la convocatoria y decidir
sobre las movilizaciones que promueve la CIP” como son la
celebración de una rueda de prensa de los cuatro portavoces
de las asociaciones judiciales en Madrid, concentraciones,
una jornada de puertas abiertas y convocar ruedas de prensa
en el interior de las sedes judiciales.
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demandas laborales
