|
El Consejo Económico y Social tiene en mente acudir a
instancias europeas para plantear allí la problemática del
transporte marítimo en el Estrecho. No obstante, antes de
actuar se van a realizar diversos estudios del impacto que
implicaría tal decisión. Debido a que la UE no es partidaria
de las ayudas estatales al transporte marítimo el hecho de
llevar esta cuestión podría afectar negativamente a los
precios de los ferrys y al servicio de transporte público,
según CCOO.
La Comisión Especial de las navieras, integrada por los
miembros del Consejo Económico y Social y representantes de
FPAV, del Consejo de la Juventud y de ACUTRANS, ultima el
dossier que, sobre la problemática de la prestación del
servicio de transporte marítimo en el Estrecho, elevará al
Defensor del Pueblo. El objetivo es que el informe pueda
estar completado tras la sesión que tendrá lugar esta
semana.
El dossier incorpora una copia de las 5.000 firmas recogidas
por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV),
un resumen de notas de prensa de informaciones aparecidas en
los medios acerca de esta problemática e informes y
extractos de dictámenes emitidos por el propio CES.
El objetivo que busca el Consejo Económico es que el propio
Defensor del Pueblo pueda llamar a capítulo a las
administraciones quienes, según esta entidad, han mostrado
reticencias a colaborar activamente. En este sentido, los
miembros de este órgano consultivo son conscientes de que el
Defensor del Pueblo no puede obligar a ninguna autoridad a
hacer nada, pero “sabemos que a nadie le gusta aparecer en
el informe anual”, apuntó José Antonio Sáiz, representante
de CCOO.
Por otro lado, el CES contempla la posibilidad de que el
Defensor del Pueblo se pueda declarar incompetente ante la
materia, es por ello que existe la intención de acudir ante
las autoridades europeas. Ello se hará siempre que sea
positivo y viable.
Sáiz explicó que desde el Consejo ha de andarse con ojo para
no dar ningún paso en falso. El miedo estriba en que al
llevarse este caso ante la UE pueda haber una intervención
en el sentido de obligar al Estado a no subvencionar el
transporte marítimo de pasajeros.
Es por ello que, en caso de decidirse, el Consejo apostaría
por realizar antes un informe de impacto que se acompañaría
de la consulta a algún eurodiputado español.
|
consejo económico y social
