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Ir a la huelga o no el próximo 18 de febrero. Este será el
principal punto a debatir mañana en la asamblea convocada a
nivel nacional por los magistrados españoles. En la ciudad
autónoma, la reunión tendrá lugar sobre las seis y media de
la tarde en el Palacio de Justicia. La homologación a las
medias europeas de las ratios de jueces por habitante y
establecer la carga de trabajo, las dos primeras solititudes
al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).
Sería memorable en la historia de España que el poder
judicial convocase una huelga. Un cese de actividad que cada
día está más cercano teniendo en cuenta la de argumentos a
favor que los magistrados tienen en su defensa y que puede
ser real en menos de un mes.
Mañana los jueces se reunirán en todas las comunidades
autónomas para votar la convocatoria y celebración de una
jornada de huelga para el próximo día 18 de febrero, 26 de
junio u otra, con designación en la misma del comité de
huelga y demás formalidades previstas en el Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo, si hasta dicha fecha no se adoptan o
se formaliza el correspondiente compromiso respecto de todas
y cada una de las medidas reivindicativas derivadas de la
reunión de Jueces Decanos celebrada en Madrid el pasado 10
de enero. Datos que ofrece la convocatoria manuscrita por
varios magistrados del Partido Judicial de Ceuta al que ha
tenido acceso este periódico.
Dicho encuentro tendrá lugar mañana, sobre las seis y media
de la tarde, en la Sala de Vistas de la planta primera del
Palacio de Justicia de la ciudad. Paralelamente, la cita se
celebrará a nivel nacional en diferentes franjas horarias.
Entre las reivindicaciones del poder judicial, seis son los
puntos a debatir en primera instancia, durante la sesión.
En primer lugar, la efectiva adecuación de la planta
judicial a la carga de trabajo real de los órganos
judiciales. Esto se traduce en la petición al Ministerio de
Justicia sobre la homologación a las medias europeas de las
ratios de jueces por habitante en un plazo máximo de cinco
años; y al Consejo General del Poder Judicial, la aprobación
de un reglamento que establezca la carga de trabajo que cada
juez debe y puede asumir para dispensar una justicia de
calidad que, en cualquier caso, no podrá ser más grave que
en anteriormente vigente según consta en el escrito de la
convocatoria.
En segundo lugar, el incremento en un plazo máximo de cinco
años de la inversión en la Admisnitración de Justicia de
acuerdo con la media europea, pasando del 1% actual al 3,5%.
En tercer plano, la dotación y asignación eficiente de
cuantos recursos personales, materiales y técnicos sean
precisos para el adecuado desempeño del servicio público de
la administración de Justicia. Con carácter inmediato, el
rpoceder a la dtación de todos los planes de refuerzo
aprobados por el Consejo General del Poder Judicial.
Pasando a cuarto punto, la definitiva instauración y
dotación de la oficina judicial con fecha límite de uno de
enero de 2010, con una clara delimitación de las funciones y
responsabilidades que corresponden a los jueces y a los
secretarios judiciales.
Como quinta petición se presentará la atribución a los
jueces del control de la agenda de señalamientos como parte
de la organización de su propio trabajo y condición material
de la independencia judicial. Y para concluir, el
cumplimiento de las previsiones de actualización de la
vigente Ley de Retribuciones.
A estas peticiones se les añadirán otros puntos como las
sutituciones o la formación de los funcionarios.
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