Este es un principio absoluto que
carga sobre las espaldas de la Administración General del
Estado. La convergencia, la equidad entre los territorios
para aportar a los ciudadanos los mismos niveles de
servicios públicos en cualquier lugar de España es una de
las principales responsabilidades del órgano que lleva el
peso de los destinos del país. En un marco constitucional
que ampara el modo de vida de los españoles, en el que se
consagra la igualdad entre los ciudadanos de la nación -en
derechos y deberes- no puede por menos esperarse algo
distinto con ocasión del documento que establecerá, en
breve, cuánto, cómo y qué percibirán las distintas
autonomías que conforman la geografía de nuestro país para
revertir recursos públicos en los ciudadanos. Es evidente
que, sin menoscabar ni hipotecar el futuro económico de las
arcas del Estado -que al fin al cabo termina por soportarse
del dinero del contribuyente- el Gobierno actual, garante
del equilibrio, de la sostenibilidad y de la solidaridad
territorial, no puede por menos que emplearse atendiendo a
la justicia de igualar las realidades de los ciudadanos allá
donde hayan elegido residir -en el norte o en el sur, en el
este o en el oeste del país-. En el caso de Ceuta, el
presidente del Gobierno y su Ejecutivo conocen exactamente
las dificultades de la Ciudad Autónoma, sus circunstancias y
las complicaciones por las que atraviesan sus ciudadanos,
entre otras cuestiones, por no contar con continuidad
geográfica física con el resto del país, su escasa
superficie que la limita en su crecimiento económico pese a
disponer, por contra y para su perjuicio, con un crecimiento
de su ciudadanía que provoca una excesiva densidad
poblacional que complica en extremo su desarrollo. Añádasele
la frontera, la inmigración, el elevadísimo índice de
desempleo y las escasas posibilidades de una evolución
cuantitativa de su economía productiva. Su situación -pese a
todo- de privilegio como encrucijada de culturas, puente
entre continentes y llave de dos mares puede y debe ser
tomada en consideración por la Administración para lograr
que desde esa perspectiva Ceuta avance, se desarrolle y se
marque un futuro próspero para sí y para España.
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