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El magistrado del Juzgado de Menores de la ciudad autónoma,
Jesús Lucena, explica varios de los factores y los
argumentos que han llevado al poder judicial, a nivel
nacional, para plantear cómo ir a la huelga, que comenzará
con una asamblea de los partidos judiciales de cada
comunidad autónoma el próximo 21 de enero y que planteará de
manera firme un cese de actividad por las lamentables
situaciones que sufre el sector para el 18 de febrero, segun
constató el juez.
El próximo 21 de enero los jueces de todo el territorio
español se reunirán en asamblea para regular el derecho de
huelga. Un cese de actividad de este poder que se plantea
para el 18 de febrero y como consecuencia del mal
funcionamiento y el sometimiento de la justicia así como las
precarias condiciones de trabajo a las que están sometidos
estos profesionales.
Tal y como explicó el magistrado del Juzgado de Menores de
la ciudad autónoma, Jesús Lucena, “los jueces unipersonales,
por desgracia, estamos básicamente para resolver sobre
pequeños robos y tonterías sin importancia, cometidos por
gente sin importancia y sin que a nadie le importe lo que
les ocurra. Ahora bien, si hay algún político que haga algo,
eso va a órganos superiores, dirigidos por personas que
están designadas directamente por el órgano de gobierno de
los jueces, que está elegido por el poder legislativo y
ejecutivo. Según la Constitución, los jueces estamos para
juzgar y ejecutar lo juzgado pero se pretende que nos
convirtamos en gallinitas ponedoras de sentencias y que todo
lo demás sea controlado por el Gobierno. No podemos disponer
ni decidir, hoy en día, nada en los juzgados, pero sí parece
ser que somos responsables de todo”.
Deciden sobre la libertad, la responsabilidad penal y civil
de las personas, su patrimonio, pero a la hora de la verdad
“lo que está pasando en España es que ya se dicta cómo deben
ser las resoluciones de los jueces y eso no puede ser. Todas
estas motivaciones son las que nos están llevando a decir
hasta aquí hemos llegado, porque crear y mantener un juzgado
cuesta mucho dinero. Si cada dos juces pretendemos que
desempeñen el trabajo de tres, nos ahorramos un juzgado por
cada dos jueces. Se nos sobrecarga de trabajo, nos añaden
responsabilidades y encima nos abren expedientes. Por eso
hay un movimiento y un mar de fondo muy grande desde hace
mucho tiempo que ha comenzado en Extremadura y Murcia”,
anunció el magistrado.
Como conclusión a todas estas argumentaciones, expresó
Lucena, “es el ciudadano el que sufre las consecuencias
negativas. La justicia, para que se haga efectiva, debe ser
inmediata y la saturación de trabajo conlleva el que se
ralenticen los procedimientos”.
En cuanto a las condiciones de trabajo que experimentan los
jueces en la actualidad, “el sueldo de un juez es irrisorio;
un policía local gana más que un juez. No tenemos derecho a
la conciliación de la vida familiar y laboral, tenemos
acceso forzoso por traslado, lo que rompe el núcleo
familiar; y las guardias están pagadas a sesenta céntimos”,
sintetizó el juez.
Todos estos factores son los que han llevado al poder
judicial a sentar las bases de una probable movilización.
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poder judicial
