La diputada del PSME-PSOE, Celia Sarompas, aseguró ayer que,
a pesar de la crisis económica actual, el Gobierno central y
el PSOE mantienen sus objetivos de avanzar en el Estado de
Bienestar en Melilla y en todo el país. “La apuesta por
consolidar los nuevos derechos que disfrutan ya los
ciudadanos es uno de los grandes objetivos del Gobierno,
como se ratifica en los PGE que se han aprobado para el año
2009”.
Según dijo Sarompas, el Gobierno central “ha decidido que en
la situación de dificultad económica que atravesamos es
necesario aumentar todas las partidas destinadas a ayudar a
las familias y a los sectores más débiles de la población”.
“Así, en los PGE del 2009 las partidas destinadas a
políticas sociales suponen un 53 por ciento del total”,
recordó. La diputada hizo un llamamiento a la tranquilidad
de los melillenses, porque las partidas presupuestarias para
Melilla “ya son una realidad” y los melillenses “se van a
ver beneficiados de las políticas sociales”.
En esta línea, la socialista definió las prioridades de
gasto de los Presupuestos “como seña de identidad del
Gobierno Zapatero: 1.158 millones de euros para el
despliegue de la Ley de Dependencia, un 33 por ciento más de
lo presupuestado en 2008. Otras partidas sociales, como el
Plan Concertado de Servicios Sociales, dispondrá 100
millones de euros, que en Melilla se hará a través de la
Ciudad Autónoma, con el objetivo de mejorar sus redes de
servicios sociales”, indicó.
Sarompas también destacó que los PGE incluyen “políticas a
favor de la integración de las personas con discapacidad,
con especial empeño en la estrategia global para el empleo,
aprobada recientemente por el Consejo de Ministros”.
Recordó que “el Gobierno no ha dejado de aprobar medidas que
atiendan las necesidades de los ciudadanos en tiempos de
crisis, como el Plan de Inclusión del Reino de España, que
junto con la Ciudad Autónoma, supone una valiosa herramienta
para luchar contra la exclusión”.
Asimismo, puso de manifiesto la necesidad de seguir
avanzando en leyes de tanta envergadura como la Ley de
Dependencia. “Para los socialistas, las políticas que
afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como
la educación, la salud, la atención a las personas con
discapacidad y a los mayores son prioritarias, en tiempos de
bonanza económica y en situaciones de dificultad.
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