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En los últimos días hemos conocido
a través de los medios de comunicación el contenido de dos
sentencias dictadas contra dos jueces condenados por causas
diferentes que demuestran la perdida, en los últimos años,
de valores esenciales en nuestra sociedad. Debo aclarar que,
las actuaciones de ambos jueces son execrables aunque,
difieren sustancialmente la una de la otra en las
consecuencias derivadas de las actuaciones enjuiciadas.
En el primero de los casos, nos encontramos con la sentencia
dictada contra el juez Calamita, condenado a 2 años de
inhabilitación para empleo o cargo público y 6.000€ por un
delito de retardo “malicioso” en la adopción de una menor
que había sido solicitada por la compañera sentimental de la
madre biológica y, en el segundo de los casos, la
confirmación de la sentencia impuesta al juez Rafael Tirado
con una sanción leve, multa de 1.500€, por no ejecutar una
sentencia contra Santiago del Valle que habría impedido el
asesinato de la niña Mari Luz presuntamente por parte de
este individuo
Dos sentencias diametralmente opuestas que muestran la
realidad de una sociedad donde el derecho fundamental a la
vida se valora en menor medida que la rapidez en un proceso
de adopción protagonizada por una pareja del mismo sexo. Por
tanto, resulta evidente la politización de la justicia en
determinados casos donde, se juzgan causas en las que los
imputados representan principios desechados o apreciados por
quienes ocupan el Gobierno de la nación.
No me cabe la menor duda de que esto es el resultado final
de una política excluyente que divide a la sociedad española
entre rojos y azules, religiosos y laicos, conservadores y
progresistas, buenos y malos que, rememora épocas pasadas ya
superadas por un pueblo que padeció los graves efectos de
una guerra fraticida en ambos bandos. Una política que ha
fracturado gravemente a la sociedad española liderada por
falsos progresistas.
En definitiva, estoy totalmente convencido de que el
Gobierno liderado por José Luís Rodríguez Zapatero adoptará
inmediatamente las medidas necesarias para evitar decisiones
judiciales injustas e impopulares respetando, en todo
momento, los derechos de todos los ciudadanos españoles
aunque, valorando la gravedad de los hechos juzgados.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
