|
El Partido Popular (PP) pidió ayer al Gobierno socialista
que tenga una especial atención con las Ciudades Autónomas
de Melilla y Ceuta en el reparto de la financiación
autonómica, debido a su situación de extrapeninsularidad y
otras circunstancias derivadas de su situación geográfica.
Ésta fue una de las principales conclusiones que extrajo
ayer esta formación política de la reunión que celebró entre
los consejeros de Economía y Hacienda de las autonomías
gobernadas por el Partido Popular.
El Partido Popular (PP) celebró ayer en Madrid una reunión
de los consejeros de Economía y Hacienda de las autonomías
en las que gobierna, es decir, Madrid, Valencia, Canarias,
Castilla y León, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla, para
analizar con detalle el modelo de financiación autonómica.
En representación de la Ciudad Autónoma de Melilla asistió
el consejero de Hacienda y Presupuestos, Guillermo Frías.
Entre las principales conclusiones a las que llegaron los
responsables económicos del PP en esta reunión, destacó la
petición al Gobierno central para que tenga en cuenta la
“especial naturaleza” de Ceuta y Melilla por su situación de
“extrapeninsularidad” y de frontera terrestre de la UE a la
hora de abordar la financiación autonómica.
En este sentido, el PP recordó que ambas Ciudades Autónomas,
debido a su situación geográfica en el Norte de África,
tienen una serie de particularidades que requieren una mayor
atención, como la escasez de recursos en territorio propio,
la reducida superficie y la elevada densidad de población.
Por esta razón, el PP consideró ayer que el nuevo modelo de
financiación autonómica deberá contemplar el incremento de
costes de prestación que ello supone, “con un tratamiento
específico y adecuado”.
Lucha contra la crisis
Asimismo, los consejeros de Economía populares coincidieron
en lamentar que la reforma del modelo de financiación
planteada por el Gobierno carece de un “objetivo político
compartido” que, en este momento, tendría que ser la
recuperación económica y del crecimiento, así como la
creación de empleo.
Así se puso de manifiesto en la reunión, que estuvo
presidida por el vicesecretario de Política Autonómica y
Local, Javier Arenas, y el portavoz de Economía, Cristóbal
Montoro, y durante la que se reiteró la posición recogida en
la Declaración de San Millán de la Cogolla, firmada el 29 de
julio.
El PP señaló que el Gobierno no puede hacer público ningún
documento de propuestas sin haberse reunido antes con todos
los presidentes autonómicos y recalcó que todos los
participantes en la reunión mostraron su “extrañeza ante las
diferentes propuestas” que ha hecho el presidente del
Gobierno “en función de quién era su interlocutor”.
Los consejeros de las comunidades del PP coincidieron en
recordar que el actual sistema de financiación fue aprobado
por unanimidad en 2002 y garantiza la suficiencia de todas
las competencias, lo que asegura la igualdad de acceso a los
mismos de todos los españoles, e incluía posibilidades de
reforma y actualización “por razones demográficas entre
otras” que el Gobierno socialista nunca ha querido poner en
marcha.
En este sentido, los consejeros populares rechazaron que la
actualización del modelo de financiación autonómica se base
en el aumento del déficit o el incremento de los impuestos,
pues de ser así no se garantizarían los ingresos para la
pervivencia del modelo, que debe cumplir el principio de
generalidad, contemplando la financiación de todos los
servicios traspasados a las comunidades, incluida la
atención a la dependencia.
Para el PP, la iniciativa del Gobierno socialista de
sustituir el modelo de 2002, en lugar de reformarlo, surge
del “cheque en blanco” que Zapatero dio al tripartito
catalán para la redacción del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, que establecía un modelo bilateral, si bien ante
las críticas generalizadas, ha optado por un “bilateralismo
encubierto” sustentado en principios que satisfacen “lo
máximo posible” las aspiraciones de los catalanes y que se
imponen al resto de comunidades.
A juicio del PP, son precisamente las “presiones y amenazas”
del PSC las que han obligado a Zapatero a impulsar
personalmente la negociación y a buscar un acuerdo lo antes
posible, con lo que la cuestión de la financiación se
plantea como un “debate interno” en el seno del PSOE y con
sus socios de gobierno de otros partidos de izquierda o
nacionalistas.
|
PARTIDO POPULAR
