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El Ministerio de Igualdad de
España se creó este mismo año tras las elecciones generales
que en primavera ganó el PSOE “para impulsar las políticas
sociales recogidas en la Ley para la Igualdad y en la Ley
Integral contra la Violencia sobre la Mujer, así como los
programas sociales del Instituto de la Mujer y del Instituto
de la Juventud”. Este departamento recoge las competencias
de Igualdad que en la VIII Legislatura de España tenía el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cual pasó a
llamarse Ministerio de Trabajo e Inmigración. Por encima de
disquisiciones presupuestarias (el PP solicitó hace apenas
un mes en una alegación al proyecto de ley de los
Presupuestos Generales del Estado su supresión porque “ha
supuesto 113 millones de euros a las arcas del Estado”, y
que se quede en una Secretaría General dependiente de
Presidencia del Gobierno) su creación debe ser saludada como
un acierto, aunque hasta la fecha las políticas que ha
puesto o tratado de poner en marcha no han tenido demasiado
calado. Entre otras cosas porque su titular, Bibiana Aído,
joven y mujer, ha tenido que cargar desde que recibió la
cartera con el estereotipo machista que atribuye carencias o
pone en duda su capacidad por el mero hecho de reunir ambas
características.
Así, como no debe funcionar “como si fuera una Consejería de
la Bondad, de la Abundancia o del Amor”, ideas con las que
comparó sin ningún tino este ministerio la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, debe exigirse a su
responsable y a su equipo de trabajo que dedique la
legislatura a ser verdaderamente efectivo en la promoción de
la igualdad real, una tarea imposible de concretar si no
cuenta con la colaboración leal y sincera no ya de los
partidos políticos, entidades e instituciones, sino de todos
y cada uno de los españoles.
Hace 30 años que la Constitución consagró la igualdad entre
todos los españoles. Ahora es el momento de hacer realidad
en todos los ámbitos ese principio.
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OPINIÓN / EDITORIAL
