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En estos días se ha presentado el proyecto de Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta para 2009. Con un
importe consolidado de 302,580.313€, a expensas de créditos
pendientes no incluidos en el proyecto que elevan esa cifra,
Ceuta se sitúa, como ya señaló UPyD, con 3.981€ por
habitante. Más del doble de lo disponible por los/as
madrileños/as y más del cuádruple de lo disponible por
los/as valencianos/as, por ejemplo.
Podría parecer que con un presupuesto tan generoso deberían
poder afrontarse con solvencia los proyectos necesarios para
la mejora de los servicios públicos y para satisfacer las
legítimas demandas de los/as ciudadanos/as. Sin embargo no
es así.
El Gobierno de la ciudad, en la Memoria del Presupuesto
2009, centra sus esfuerzos en afrontar la tan presente
crisis económica; crisis, por otro lado, que no se
manifiesta en el presupuesto de gastos que ve incrementado
su montante en relación con 2008 en más de 11,000.000€ (un
3,82% más).
No obstante, analicemos las respuestas que el Ejecutivo
local presenta para paliar los efectos de “la crisis”.
Son tres las medidas: el anticipo de inversiones, la
reducción de gastos prescindibles y el refuerzo en programas
de carácter social.
En cuanto a las inversiones, que no son anticipadas puesto
que ya estaban previstas con anterioridad a la crisis, desde
UPyD consideramos que no están bien detectadas las
necesidades de los/as ceutíes. Creemos que es mayoritaria la
opinión de que uno de los mayores inconvenientes para la
sociedad ceutí es el acceso a una vivienda. Pues bien, el
Gobierno de la ciudad dedica tan solo el 16% de sus
inversiones a vivienda, mientras que emplea más del doble en
vías públicas urbanas e infraestructuras. Entendiendo la
necesidad de mejora de las vías públicas y otras
inversiones, pero no su prioridad frente a la vivienda,
consideramos que debe darse un mayor peso a ésta última y,
por ello, proponemos que se eleve la partida consignada a
vivienda, mediante la reducción proporcional entre los
distintos ejes de inversiones, hasta duplicar el importe
inicialmente programado; alcanzando el 32% del presupuesto
en inversiones. Ello, duplicaría la posibilidad de acceso a
la vivienda de los/as ceutíes y no impediría la ejecución de
las restantes inversiones que soportarían proporcionalmente
entre ellas el coste del aumento en vivienda.
La sola consideración de un gasto como prescindible,
justifica por sí mismo su supresión de cualquier presupuesto
público. En tiempos de crisis o no. Su reconocimiento por
parte del Gobierno de la ciudad, institucionaliza una
opinión ya general de los/as ciudadanos/as: El abuso,
derroche y dilapidación de nuestros recursos públicos.
Pero aún se agrava la situación, cuando tras las partidas
que se dicen que se contendrán para reducir esos gastos
(festejos, actividades culturales, etc.), el Gobierno
reconoce que inevitablemente, a pesar de ello, los gastos
aumentarán en un 5%. Resumiendo, nos dicen que los gastos
prescindibles aumentarán en un 5% en 2009. La sinceridad,
por no definirlo de otro modo, se agradece pero no consuela.
No obstante, entre las medidas, el Gobierno solo hace
referencia al personal para señalar que los altos cargos y
personal de confianza congelarán sus retribuciones y que se
amortizarán temporalmente las vacantes de personal.
UPyD entiende fundamental profundizar en los gastos de
personal.
110,314.780€ (más de 18.000 millones de las antiguas
pesetas) es el coste de personal para el año 2009. Un total
de 1.531 personas más 616 de los organismos y sociedades
municipales (sin incluir a ACEMSA y OBIMASA) hacen un total
de más de 2.000 personas al servicio de la administración
municipal. Población aproximada de Ceuta: 76.000 habitantes.
Superficie: 19 km2. Los datos no necesitan demasiado
comentario, pero los vamos a analizar.
Lo más llamativo de las cifras está en que, junto a las
desorbitadas cuantías, observamos que respecto al 2008 el
coste de personal se ha incrementado en más de un 9% (más de
9,000.000€). Y no es digno de comentario para el Gobierno.
Solo basta con echar un vistazo a las plantillas de personal
de los 14 organismos y sociedades municipales, entidades en
las que la contratación de personal debe cumplir escasas
exigencias legales, para darse cuenta de su desproporcionada
dimensión. Más de 200 trabajadores en OBIMACE, por ejemplo.
Podemos resaltar, entre otras, a AMGEVICESA en el
crecimiento de personal a pasos agigantados, que ya suman
116 trabajadores/as. Todo ello, sin tener en cuenta las
sociedades participadas como el Hotel TRIP (Puerta de
África) o el Parque Marítimo que parecen no existir para el
presupuesto municipal.
Desde UPyD protestamos rotundamente ante la política de
personal de la Ciudad Autónoma que, frente al
establecimiento del ajustado número de personal para
gestionar los servicios públicos, ha utilizado el empleo
público con fines no orientados hacia la eficiencia y sí
hacia otros intereses.
Por ello, proponemos dos medidas básicas en materia de
personal dirigidas a poner fin a esta imparable dinámica
emprendida por el gobierno local.
La primera de ellas suprime una modalidad de personal que
entendemos claramente partidista e injustificada: el
personal eventual. Este personal, tal y como señala el
Estatuto Básico del Empleado Público, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial. Dicho de otro modo, el enchufado oficial y
reconocido. Pues bien, UPyD considera que este tipo de
personal no debe ser retribuido por las arcas públicas. Todo
el personal de confianza lo tiene a su disposición cualquier
político en el seno de su partido y es él, quién debe
sufragar, en su caso, los gastos que puedan devengarse. Es
más, la Administración dispone de funcionarios altamente
cualificados y en plantilla para asesorar en materia de
gobierno y administración ampliamente a los cargos de los
que dependen. La política debe pagarla el partido y no
los/as ciudadanos/as que bastante bien soportan ya la carga
financiera de la Administración.
Es por ello, que proponemos la supresión de los 27 puestos
de personal eventual que retraen un total de 1,229.119€ del
presupuesto.
Al hilo de las propuestas en materia de personal, vamos a
incluir una referida a una de las aspiraciones más antiguas,
demandadas y necesarias para los/as ciudadanos/as de Ceuta:
la constitución de una naviera municipal.
Ya en tiempos de la dictadura del General Franco se estudia
la posibilidad de constitución de una naviera municipal, si
bien, los intereses empresariales y políticos de la época
hicieron abandonar la idea, que, por otra parte, se demostró
viable. Desde entonces, han sido varios los partidos
políticos, sobre todo de carácter local, que han intentado
impulsar la constitución de la naviera municipal, sin
desgraciadamente ningún éxito. Casualmente, ni el PP ni el
PSOE, han promovido; ni tan siquiera, planteado el proyecto
y hasta hace escasamente un año, ni se pronunciaban desde el
Ayuntamiento ante los abusos de las compañías navieras sobre
los/as ceutíes. Recientemente, otro partido de alcance
municipal ha vuelto a plantear la necesidad y viabilidad de
la misma; estimando la cuantía del proyecto en
aproximadamente 3,000.000€. UPyD apoya esta legítima
aspiración de los/as vecinos/as de Ceuta y la considera
viable en la cuantía ya adelantada por otros partidos
políticos y agentes sociales. Es más, pensamos que ya está
bien de esperar y que con la propuesta que lanzamos a
continuación resulta financieramente posible.
Por tanto, proponemos que junto a los recursos obtenidos por
la supresión del personal eventual, se dedique, tan solo, un
1,3% del presupuesto asignado a inversiones a la
constitución de una naviera municipal que preste de manera
eficaz y económica el servicio público esencial de
transporte marítimo entre las ciudades de Ceuta y Algeciras.
Los recursos afectados importan aproximadamente los
3,000.000€ necesarios para la puesta en funcionamiento del
servicio.
Para concluir con nuestras propuestas en materia de
personal, no solo aplicables al presupuesto analizado,
planteamos una política en la materia que puede parecer
lógica pero que raramente se utiliza. Consiste en la
optimización de los recursos humanos. Está claro que la
ciudad no puede mantener esta política de personal, pues
hasta el propio Gobierno ha reconocido la posible “quiebra”
del Ayuntamiento.
Sin nombrar a los/as responsables, puesto que son evidentes,
vamos a plantear soluciones.
Con optimizar recursos humanos queremos decir que el
personal debe entenderse como una unidad. Si la ciudad tiene
unos costes únicos y consolidados de personal
correspondientes a más de 2.000 personas, dispone por tanto
de esas más de 2.000 personas. Por ello, deben plantearse
carreras profesionales y disponibilidad en la administración
de la ciudad como un todo, incluidos organismos y sociedades
municipales. De este modo, las vacantes pueden cubrirse por
una promoción interna única y las plazas ir amortizándose de
manera gradual sin que produzca desatención de los
servicios; así, redimensionando adecuadamente la plantilla
podrán ir reduciéndose gradualmente los gastos de personal.
Entendemos que la rápida salida a través de las
privatizaciones, perjudican a los/as trabajadores/as que no
son responsables de una nefasta política de personal. Por
otro lado, no debe olvidarse que el Gobierno debe velar por
la productividad de los/as empleados/as municipales; no
permitiendo absentismos, bajas médicas abusivas y otras
prácticas conocidas por los/as ciudadanos/as y consentidas
por los/as responsables políticos/as.
La última de las medidas que el gobierno propone para paliar
“la crisis” es el refuerzo en programas de carácter social;
resaltando que dedicará durante el año 2009 69,5 millones de
euros, es decir, un 23% del total del presupuesto. En
numerosas ocasiones se menciona la cohesión social como
objetivo, pero no se concreta su contenido.
UPyD defiende como valores fundamentales la igualdad y la
justicia. Y éstas no se hacen efectivas si las personas no
disponen de los recursos básicos necesarios para el
desarrollo de su personalidad individual y colectiva. Por
ello, los poderes públicos tienen la obligación
constitucional de salvar los obstáculos que impiden a las
personas su integración efectiva en la sociedad a la que
pertenecen. En este sentido, las políticas sociales son las
que van dirigidas a remover esos obstáculos que impiden a la
persona ejercer de manera plena su ciudadanía.
Una política social, por tanto, debe analizar las
situaciones que producen esa desigualdad, estudiar las
medidas para remediarlas y llevar a cabo las acciones
necesarias para solucionarlas. Por último, se debe evaluar
el cumplimiento de los objetivos y las causas de fracaso de
las medidas adoptadas. Es decir, planificar las acciones
sociales.
Vemos cotidianamente en nuestra ciudad, como numerosas
personas que no lo necesitan se benefician de la protección
social que va dirigida a personas en situación real de
exclusión social. Personas que con suficientes signos
externos de riqueza, derivado de economías sumergidas,
retraen enormes recursos de las personas que verdaderamente
lo necesitan.
Una política social seria, debe establecer sendas de
compromiso y objetivos claros, de tal modo, que los/as
beneficiarios/as de los servicios sociales reciban las
ayudas como contraprestación a compromisos de formación o
integración; siendo excluidos/as en caso de incumplir esos
compromisos. Deben evaluarse los programas de acción social,
de modo, que se refuercen los que cumplan los objetivos y se
desechen los que no. No puede afirmarse que el Gobierno está
comprometido con la cohesión social y no disponer de datos
que afirmen que los recursos están cumpliendo con los
objetivos y el año que viene Ceuta será una ciudad más
cohesionada socialmente tras haber gastado 69,5 millones de
euros.
Por ello, desde UPyD proponemos que se definan
individualmente los programas sociales que van a ser
financiados con cargo al presupuesto, de tal modo, que se
determinen claramente la financiación, sus objetivos y las
acciones a emprender; debiendo evaluarse a posteriori la
eficacia del programa y el grado de incidencia que ha
supuesto para la mejora de la cohesión social; debiendo ser
esa información de carácter público.
Otra de las propuestas que UPyD defiende de acuerdo a sus
supuestos programáticos, es la democratización de la vida
pública de la ciudad.
Todos/as convenimos que la decisión pública de mayor
importancia a lo largo del año es la aprobación del
presupuesto, sin embargo, no tiene ese reflejo en la
posibilidad de participación de los/as ciudadanos/as.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, solo prevé la
participación de los ciudadanos en los presupuestos para el
caso de reclamaciones por incumplimiento de normas legales (art.
169 y 170). Lo que es lo mismo, solo si el Gobierno comete
una ilegalidad puede un ciudadano estar legitimado para
reclamar. Por tanto, no permite la participación de la
ciudadanía, a través de asociaciones o partidos políticos
sin representación en la corporación, para presentar
enmiendas sobre el contenido para que sean debatidas en el
Pleno. Pero la Ley no impide que el Reglamento de la
Asamblea lo permita, tal y como se reconoce en otros
municipios españoles como la Villa de Madrid.
Ello, permitiría que las propuestas que UPyD ha planteado
anteriormente tuviesen que ser debatidas por los partidos
políticos con representación y, por otro lado, los/as
ciudadanos/as tendrían así una vía abierta de participación.
Por tanto, UPyD propone que se modifique el Reglamento de la
Asamblea para que se incorpore la posibilidad de
presentación de enmiendas al presupuesto por parte de
asociaciones domiciliadas en la ciudad, así como, de
partidos políticos válidamente constituidos pero sin
representación en la Asamblea.
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OPINIÓN
/
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CIUDAD
