La Asamblea de Melilla aprobó durante la jornada de ayer
viernes los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de
2009 con la unanimidad de los tres grupos parlamentarios,
después de que la oposición cambiara su voto por el
compromiso del Gobierno de realizar un estudio de los
índices de pobreza en la ciudad. Gracias a este compromiso
la oposición ha sopesado su decisión y finalmente ha dado su
aprobación a los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma.
El presupuesto consolidado de la Ciudad Autónoma de 2009 es
de 245.756.712 euros, en el que se incluyen las distintas
empresas municipales y sociedades públicas, que ha supuesto
un incremento del 6,5 por ciento respecto al año anterior.
La sesión plenaria ha transcurrido con un intenso debate
marcado por “la tranquilidad y el sosiego” de los tres
grupos, tal y como ha destacado el presidente de la Ciudad
Autónoma, Juan José Imbroda, en una de sus intervenciones.
El acuerdo de los tres grupos ha tenido lugar después de que
los dos grupos de la oposición, Partido Socialista (PSME-PSOE)
y Coalición por Melilla (CPM), dieran el visto bueno a la
propuesta del portavoz del Partido Popular (PP), Daniel
Conesa, de realizar un estudio científico para comprobar las
tasas de pobreza que existen en Melilla, y aplicar políticas
sociales que lleguen a toda la población.
Según Conesa, esta vía de actuación es más eficaz que la
planteada por CPM, basada en la “beneficencia y ayudas” a la
población a cargo de una partida presupuestaria de 16
millones de euros contra la pobreza.
Ante esta propuesta, el portavoz de CPM, Mustafa Aberchán,
se ha mostrado dispuesto a retirar su plan contra la pobreza
y ofrecer el voto favorable para los Presupuestos de 2009 si
el Gobierno melillense se comprometía a luchar seriamente
contra la pobreza, en el sentido de “no empobrecer al que
tiene, sino enriquecer al que no tiene”.
Imbroda ha garantizado que a partir de enero comenzará a
realizar un estudio sociológico con el objeto de conocer “la
realidad de la pobreza” que existe en Melilla para que, una
vez conocidos estos datos, se actúe con medidas concretas
propuestas entre todos y que puedan ser ejecutadas entre el
Gobierno central y la Ciudad Autónoma, basadas
fundamentalmente en la creación de empleo.
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