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Los sindicatos representados en la Junta de Personal de la
Ciudad Autónoma comparecieron ayer en rueda de prensa junto
a numerosos funcionarios municipales para denunciar que el
consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, ha
eliminado la CIVE, que es el órgano de control y negociación
entre los representantes de los trabajadores y la
Administración, para sustituirlo por un órgano paralelo sin
reglamento ni capacidad de consenso.
La Junta de Personal de la Ciudad Autónoma de Melilla
denunció ayer que la Consejería de Administraciones Públicas
ha eliminado la Comisión de Investigación, Vigilancia y
Estudio (CIVE) para funcionarios y trabajadores laborales de
la Administración local, que es el único órgano de control y
negociación con el que cuentan los sindicatos con
representación en la Junta de Personal.
En rueda de prensa, el presidente de la Junta de Personal,
Antonio Fernández, arropado por el resto de miembros de este
órgano y numerosos trabajadores de la Ciudad Autónoma,
denunció ayer la “política antisindical y antinegociadora”
de la Consejería de Administraciones Públicas, a la que
reprochó que haya creado un órgano paralelo, la Mesa General
de Negociación de la Ciudad Autónoma para sustituir a la
CIVE.
Según Fernández, esta Mesa General de Negociación “no tiene
reglamentos, ni podemos poner puntos en el orden del día ni
defender los intereses de los trabajadores”, ya que este
órgano “sirve para no negociar y sí imponer”.
Además, uno de los representantes de la Junta de Personal,
Francisco Serrano, consideró que este cambio de órgano se
debe a que “la Administración siempre sale perdiendo en la
CIVE y por eso no le interesa convocarla”.
Fernández informó de que la Consejería de Administraciones
Públicas celebró anteayer una reunión de la Mesa General de
Negociación para confeccionar las plantillas, la Relación de
Puestos de Trabajo y Oferta Pública de Empleo (OPE) de la
Ciudad Autónoma para el año 2009, que fueron aprobadas
únicamente con los votos de la Administración porque los
sindicatos se levantaron de la sesión como protesta.El
presidente de la Junta de Personal justificó esta decisión
sindical porque “no nos aceptaron las dos premisas que
pusimos sobre la mesa”, que eran concretamente la
elaboración de un reglamento para negociar la aplicación del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en la Ciudad
Autónoma para que éste sea “una herramienta útil para todos
los trabajadores”, y que la Administración local acepte el
convenio colectivo y el acuerdo marco como base para las
negociaciones.
Fernández recordó que estas dos premisas de los sindicatos
se han llevado a cabo en los ayuntamientos de todas las
ciudades españolas, “incluso en los gobernados por el
Partido Popular, como el de Madrid”, por lo que lamentó que
el consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, las
rechazara anteayer alegando que iba a aplicar lo mínimo que
marca el EBEP.
El presidente de la Junta de Personal advirtió de que la
postura de la Ciudad Autónoma supondría un recorte de
derechos adquiridos en condiciones laborales y retribuciones
por los trabajadores de la Administración local, por lo que
“no vamos a permitir que estos derechos, conseguidos tras
años de lucha sindical y negociación, se tiren por los
suelos”.
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Comisión de Investigación, Vigilancia y
Estudio
