La apertura a la circulación de vehículos de la calle
Cervantes ha pillado de sorpresa a los comerciantes. No
obstante este hecho no deja de agradarles puesto que
significa que dejan atrás obras, polvo, vallas y ruido. “Nos
hemos encontrado de golpe y porrazo con los coches
circulando”, aseveró uno de los comerciantes.
Los comerciantes de la calle Cervantes han cambiado el
sonido de las taladradoras y los golpes de martillo por el
ruido de los motores de coche y el hablar de la gente a su
paso por la vía. Después de algo más de seis meses de obras
las tiendas y las viviendas han vuelto a recuperar para sí
este espacio vital que es la calle.
La buena nueva llegó casi sin darse cuenta. “Durante las
obras cruzaba la calle instintivamente, sin mirar, por que
no pasaban los coches. Ayer volví a hacer lo mismo y me
costó adaptarse otra vez a la circulación de vehículos”,
explicó la dependienta de la zapatería Charol.
Juan Torres, propietario de esta tienda, recordó que los
propios comerciantes venían demandando a la ciudad la mejora
de esta calle. “La ampliación de la acera es todo un
acierto. Creo que la gente tiene que tener un paseo cómodo
para mirar los escaparates y antes no era así”, agregó.
Por su parte, Pilar García, dependienta de Benetton,
puntualizó que los ruidos y el polvo han sido las
principales molestias con las que han tenido que convivir
los últimos meses.
Mientras, José Sánchez, camarero del bar El Cortijo, mostró
su satisfacción por la finalización de la obra aunque
manifestó su deseo de que se hubiera peatonalizado.
Financiada por el MITYC
El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta recibió en
febrero pasado 250.000 euros del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (MITYC) dentro de un plan para mejorar la
calidad comercial. Esta cantidad fue aprovechada por el
Ejecutivo ceutí para asumir el coste de la actuación
prevista en las calles Cervantes y Beatriz de Silva. El
presupuesto de licitación de la actuación en las dos
céntricas vías es de 624.952 euros. De ellos, la Ciudad se
hará cargo de 374.952 mientras que los 250.000 restantes
correrán a cargo del Estado.
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