Una de las conclusiones que ayer se pudieron extraer al
término de la jornada, tal y como ya se había indicado en un
informe sobre este asunto, es que la coordinación y la
colaboración entre las distintas entre la Administración y
los agentes sociales, las empresas privadas así como con
otras instituciones, resulta prioritaria para desplegar
medidas encaminadas ir reduciendo los niveles de economía
sumergida.
Precisamente en esta cuestión es donde más incidencia hizo
el consejero de Economía y Empleo, Daniel Conesa en su breve
intervención al comienzo de las jornadas donde se
presentaron otras soluciones para acabar con esta "lacra".
López Bueno está convencido de que si la colaboración
interinstitucional es eficaz la percusión de la economía
sumergida no será tan difícil, sobre todo si se tiene en
cuenta que Melilla tiene unos 12 kilómetros cuadrados. Por
su parte, Santos Miguel Ruesga, doctor en Estructura
Económica y economía del Desarrollo y catedrático de
economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid,
quien repasó el estudio donde se indica como el mayor
volumen de las prácticas económicas irregulares en la
ciudad.
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