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Desde la primavera la contratación del hermano de un
consejero como engrasador del Parque Móvil de la Ciudad,
puesto en el que permaneció 6 meses, ha dado tanta cera
mediática que al final, cuando llegó a manos de la Fiscalía,
no tenía nada de pólvora. Así lo entiende su máximo
responsable en Ceuta, José Luis Puerta, que el jueves de la
semana pasada decidió archivar las diligencias informativas
abiertas a instancias de Comisiones Obreras por un presunto
delito de tráfico de influencias el pasado 20 de junio. La
Fiscalía entiende que la proximidad entre la fecha de
inscripción del contratado en el INEM y la petición de un
desempleado para ese puesto por parte de la Ciudad es “un
solo indicio insuficiente para formular denuncia”.
La Fiscalía ha dado carpetazo al caso del engrasador, el
hermano del consejero de Fomento que fue contratado como tal
en el Parque Móvil en abril pasado, puesto en el que
permaneció durante seis meses. El 20 de junio de 2008 los
servicios jurídicos denunciaron al viceconsejero de Recursos
Humanos, Javier Díez Nieto; al jefe del Parque Móvil, Rafael
Matres; y al contrtado, Miguel Ángel Doncel, como
responsables de un presunto tráfico de influencias en la
Ciudad por haber solicitado al INEM una persona para dicho
puesto pocos días después de que el susodicho se inscribiese
como tal entre cinco posibilidades de cualificaciones
profesionales.
“No se ha acreditado relación alguna entre los funcionarios
(políticos o funcionarios) y el nombrado, ni tampoco constan
que supiesen el contenido de la lista de engrasadores
existen en el INEM y que el nombrado fuese el único”, apunta
el fiscal en el documento con el que da por archivadas las
diligencias abiertas, a cuyo contenido íntegro ha tenido
acceso este periódico. “La única anormalidad consiste en la
inmediatez entre la inscripción y la petición del
Ayuntamiento, que si bien puede resultar significativa se
trata de un solo indicio insuficiente para formular
denuncia”, remacha su argumentario.
“No existe”, prosigue, “conducta arbitraria”, ya que para la
Fiscalía “estamos en principio en una política de
nombramientos que puede considerarse más o menos afortunada,
pero que debe tener su corrección en el ámbito electoral más
que en el penal, como uno de los elementos del libre
ejercicio de los cargos públicos electivos”.
En esa misma línea, Puerta recuerda que la fiabilidad última
de la llamada al derecho penal “es la de atender a la
defensa social” y advierte de que, tal y como publicó este
periódico pese a varios desmentidos, las diligencias en el
ámbito penal sí se ven afectadas colateralmente por la causa
contencioso-administrativa abierta por UGT: “El modelo de
intervención mínima del derecho penal [...] nos lleva a
considerar si es necesaria la utilización de su
potencionalidad represiva y sancionadora en suspuestos en
los que no concurre de forma clara e inequívoca [como es el
caso] el propósito de conculcar el ordenamiento
administrativo, existiendo al respecto un procedimiento
judicial en marcha para dilucidad la legalidad del
nombramiento”.
Por ello, termina su exposición destacando que “si no se
consiguen evidencias suficientes que fundamenten la
pretensión primitiva o los hechos denunciados no son
constitutivos de delito, el Fiscal debe abstenerse de
proceder si bien los que se crean perjudicados pueden, si lo
desean, reproducir su denuncia ante el órgano judicial
competente”. “En el presente caso”, termina, “las
actuaciones no revelan existencia de indicios suficientes
para ejercitar la acción penal contra persona determinada”.
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Nueve meses de acusaciones de nepotismo e irregularidades
Primero fue UGT la que hilvanó la
desaparición de las bolsas de trabajo de la Ciudad con una
supuesta contratación ‘a medida’ en abril pasado a través
del INEM mediante distintas triquiñueñas de un familiar de
un alto cargo del Gobierno ceutí como engrasador de máquinas
y motores del Parque Móvil. Días después, CCOO le puso
nombre y apellidos: Miguel Ángel Doncel. El PSPC acusó
entonces al Ejecutivo de Vivas de caer en el “nepotismo”. En
julio, los servicios jurídicos de Comisiones ratificaron
ante el fiscal que a su juicio había habido “tráfico de
influencias” en esa incorporación. Al día siguiente, San
Fermín, Gordillo advirtió de que “aunque pueda parecer
sospechosa” el trámite seguido “es legal”. “Detrás de la
política de sonrisas de Vivas se esconden tropelías”, le
replicó el secretario general de Comisiones, a quien el
líder de UGT en la Asamblea, José Mata, secundó asegurando
que el sistema de contratación de la Ciudad vulnera “los
principios de contratación que rigen la función pública”.
Hace un mes, Díez Nieto y el jefe del Parque Móvil, Rafael
Matres, declararon ante la Fiscalía mientras la oposición se
mantenía en un discreto segundo hablando, no llegando a
hablar más que de “presuntos escándalos” o de
“contrataciones irregulares”, como Ali.
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