Poco más de treinta personas secundaron ayer la
concentración de protesta convocada por la Asociación Pro
Derechos Humanos (APDH) y Pro Derechos de la Infancia (Prodein),
para exigir a las autoridades mayores medidas de seguridad
para los trabajadores transfronterizos, en especial los
porteadores, para evitar que se repitan hechos como la
muerte por aplastamiento de una mujer en una de las
aglomeraciones diarias que se producen en los puestos
fronterizos.
Unas treinta personas acudieron a arropar este acto
solidario, entre los que se encontraban desde el presidente
de la Asociación de Comerciantes del Polígono, a un grupo de
alumnos de la Escuela de Arte Miguel Marmolejo, que fue el
que elaboró las llamativas pancartas desplegadas frente a la
sede gubernativa. La presencia policial también se hizo
notar. El presidente de APDH, José Alonso, dejó patente que
esta concentración se produce en apoyo de la trabajadora
marroquí que hace unos días murió por aplastamiento en una
de las aglomeraciones que se producen casi a diario en los
tornos de los puestos fronterizos. "Estamos aquí para
lamentar esta muerte, fruto de las penosas condiciones de
trabajo que padecen estos trabajadores marroquíes y que
todos conocemos, como las colas que se producen en la
frontera por personas que se juegan la vida para poder
malvivir", dijo. El responsable de Pro Derechos en la ciudad
aseguró que no es la primera vez que se producen "heridos e
incluso fallecimientos", sino que es algo "que se da de
forma constante, lo que ocurre es que hasta ahora no ha
habido repercusión porque se oculta". Aunque no
responsabilizó de forma directa a ninguna administración de
estos hechos, sí que comentó que estos sucesos luctuosos "se
ocultan porque es una vergüenza para la ciudad que veinte
mil personas tengan que trabajar así, fuera de la Ley y en
las peores condiciones". Por estos motivos APDH y Prodein
convocaron la concentración de ayer "para reclamar a las
autoridades que tomen cartas en el asunto y que este
colectivo de transfronterizos no viva en un limbo jurídico,
ni en un paréntesis en el Estado de Derecho. Demandamos que
trabajen con todas las condiciones, incluidas las de
seguridad, que establece la ley". Reconoció que la búsqueda
de soluciones a estas cuestiones no depende sólo de España,
sino que "son cosas que se tienen que hacer en colaboración
de ambas administraciones".
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