La ministra de Vivienda, el presidente de la Ciudad y el
delegado del Gobierno cerraron ayer el programa oficial de
la visita de Corredor a Ceuta con una visita relámpago a la
“trascendental” actuación urbanística proyectada en Loma
Colmenar, que la propia ministra y Vivas coincidieron en
describir como “estratégica”. Sobre el terreno, las
autoridades tuvieron la oportunidad de conocer de la mano de
la directora general de Suelo de SEPES, Ana Perpiñán, los
detalles de un proyecto que además de casi 2.000 viviendas
dotará a la ciudad de un nuevo hospital, dos colegios, una
pista polideportiva y un nuevo polígono industrial.
Como una sola voz, la ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas,
coincidieron ayer en resaltar el carácter “estratégico” de
la actuación de Loma Colmenar, un proyecto mixto
residencial-industrial-dotacional que no sólo aportará casi
dos mil nuevas viviendas a Ceuta, sino también un nuevo
hospital, dos colegios, una pista polideportiva y un
polígono industrial en el que se espera que se asienten 33
empresas y se generen 150 empleos.
Después de pasar por la Delegación y por la Ciudad, donde
hizo una breve escala para firmar en su Libro de Honor, la
ministra madrileña se dirigió al área donde ya han comenzado
los trabajos para conocerla de in situ de la mano de la
directora de Suelo de la Entidad Pública Empresarial SEPES,
Ana Perpiñán, que ofició de maestra de ceremonias ante dos
paneles situadas justo en el risco que custodia el depósito
judicial de vehículos, actualmente en pleno desalojo. “Al
final los coches han sido más difíciles de trasladar que las
personas y que las colinas”, bromeó Perpiñán con Corredor
ante Vivas, Márquez, Fernández Chacón y el resto de la
comitiva oficial ante la sorpresa que se llevó la ministra
por la magnitud de los trabajos de desmonte en curso y la
amplitud del área a urbanizar.
Previamente, en el hall de la Delegación, donde compareció
tras la firma de los dos convenios que rubricó con la
Ciudad, Corredor ya había puesto de relieve el interés de su
departamento por esta actuación.
“Estos acuerdos”, hilvanó la ministra, “son una prueba más
del compromiso del Gobierno de España con Ceuta, que también
se está materializando en la actuación urbanística que el
ministerio, a través de SEPES, está llevando a cabo en Loma
Colmenar con una aportación directa del Estado de 48
millones de euros para la construcción de 600 viviendas
protegidas para el arrendamiento que se transferirán a la
Ciudad”.
Gobierno “comprometido”
En ese sentido, la ministra destacó el “importante” paso
dado hace escasos días con la adjudicación de las obras de
edificación de las 170 primeras viviendas protegidas de la
parcela B-2, cuyo presupuesto asciende a 11,5 millones de
euros y cuyo plazo de ejecución es de 18 meses.
“También está aprobado”, prosiguió, “el proyecto de la
parcela B4, en el que se prevé levantar 317 viviendas de
protección oficial, y cuya adjudicación saldrá pronto a
licitación”. En resumen, Corredor se congratuló porque “ya
están en trámite 487 de las 600 viviendas comprometidas” y
se esforzó en destacar que “con este proyecto queremos
responder a la demanda de vivienda protegida de los
ciudadanos que más lo necesitan y reafirmar el compromiso de
este gobierno con Ceuta, a la que esperamos que sirva
también como fuente de creación de empleo y de actividad
económica”.
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Faltan 6.000 viviendas; se piden 4.000 VPO y 2.000 son
precarias
Que la vivienda es un asunto
“capital” a abordar en Ceuta no lo duda nadie. Con los datos
que ayer puso sobre la mesa ante la ministra el presidente
de la Ciudad, menos aún. “Tenemos un interés estratégico en
este asunto, importante y vital, porque son muchas nuestras
necesidades”, prolongó su perfil de la situación Vivas, que
recordó a todos los presentes que “hay que colaborar” para
atajar la desviación del ratio de viviendas por cada mil
habitantes que soporta Ceuta y que está cifrado en “unas
6.000 unidades”. Además, la ciudad dispone de un parque de
casas “antiguo” que lleva a que en la actualidad estén
registradas más de 4.000 peticiones de familias para obtener
viviendas protegidas. Otras 2.000, completó Vivas, son “infraviviendas”.
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