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Ya venía de largo la situación
heredada sobre la precariedad del histórico vertedero de
Santa Catalina. Un basurero municipal abosolutamente
saturado e incapaz de admitir las numerosas toneladas de
desechos que a diario genera Ceuta. La primera etapa, de
transición, se asumió con decisión. La clausura era una
cuestión de racionalidad que se llevó a cabo al tiempo que
se adaptaron las medidas para dar salida a los residuos
sólidos urbanos. Hacer memoria es definitivamente lo
adecuado para, en justicia, realizar un balance acorde con
la complicada decisión de modificar los sistemas generados
décadas tras décadas de inacción política en cuanto a
previsiones adecuadas. No se hizo en los ochenta, tampoco en
los noventa aunque sí se inició el camino en el tránsito
hacia el siglo XXI. El año 2000 y, sobre todo el 2001,
sirvió para comenzar una etapa hacia el futuro en la gestión
de los llamados RSU [Residuos Sólidos Urbanos]. Mucho se ha
analizado, criticado, penalizado y augurado, desde el prisma
más negativo sobre el verdadero futuro de la gestión de los
residuos en Ceuta. El tiempo, que va dando y quitando
razones, sitúa siempre las cosas en su justo punto. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma se basa en cuatro
fundamentales premisas para acometer esta obligación en las
que, en ningún caso, se encuentra la del atentado a la
naturaleza ni a la salud. Conviene recordar lo que es
absolutamente cierto ante las continuas aseveraciones que en
los últimos años se han venido realizando desde posiciones
más o menos ‘verdes’. Sin ser portavoces de nadie, a poco
que se conozca el desarrollo de las actuaciones del
Ejecutivo [no hace falta escarbar mucho] se sabe que
indudablemente la primera de las premisas se basa en la
utilización de un sistema de gestión que en nada afecte al
Medio Ambiente; un nuevo sistema que sea bien aceptado por
la ciudadanía y que de ningún modo afecte a la salud, además
de contar con la tecnología más avanzada compatible con la
normativa europea. No queda al margen la financiación. Un
proyecto de esta envergadura debe necesariamente estar
respaldado por la Administración General del Estado y por la
UE.
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OPINIÓN / EDITORIAL
