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					Tanto la Viceconsejería de Recursos Humanos como los 
					sindicatos con representación en la Administración local 
					coinciden en que la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) 
					elaborada por la empresa madrileña Estrategia Local, S.L. 
					está llena de errores, pero ayer la coalición electoral 
					sindical CSI-CSIF-Sinpobal dio un paso más allá al 
					calificarla de “torticera” y “soterrada”, apuntando que 
					algunos miembros de la Comisión de Valoración han salido 
					beneficiados. Por ello, la central ha solicitado a Juan 
					Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, que la retire 
					y advirtió con tomar medidas judiciales si sigue adelante. 
					La coalición electoral de la Central Sindical Independiente 
					y de Funcionarios y el Sindicato de Policía-Bomberos y 
					Administración Local (CSI-CSIF-Sinpobal) echó ayer leña a la 
					polémica sobre la publicación de la Valoración de Puestos de 
					Trabajo –VPT, documento previo a la Relación de Puestos de 
					Trabajo (RPT)– al mostrar su “más profundo rechazo”. 
					 
					CSI-CSIF-Sinpobal recuerda en un comunicado que en un 
					principio la Ciudad Autónoma nombó a una Comisión de 
					técnicos para la realización de la RPT, pero que debido a 
					que se pretendía ser “objetivo e imparcial” se optó por la 
					contratación de una empresa privada, la madrileña Estrategia 
					Local, para su elaboración por un coste aproximado de cerca 
					de 160.000 euros. 
					 
					Así, la coalición electoral sindical de CSI-CSIF-Sinpobal 
					critica que la anterior viceconsejera del área, Adelaida 
					Álvarez, “decidió incorporar a la Comisión de Valoración de 
					la empresa privada a algunos funcionarios del Ayuntamiento, 
					sin tener en cuenta su grado de preparación en materias de 
					recursos humanos y, en especial, en la elaboración y 
					confección de una RPT”, por lo que, a juicio de ambos 
					sindicatos, se volvió a la “parcialidad y subjetividad”. 
					 
					Por ello, para la coalición CSI-CSIF-Sinpobal, “esta 
					presunta RPT nace viciada desde el primer momento, ya que no 
					se han realizado las correspondientes entrevistas personales 
					preceptivas”, así como que “se penalizaron a diversos 
					funcionarios que se mostraban disconformes con la política 
					de Recursos Humanos de la anterior viceconsejera”. 
					 
					Así, el comunicado señala que “a determinados funcionarios 
					contrarios a la anterior viceconsejera se les congelará el 
					complemento específico durante más de 15 años, con la 
					consiguiente pérdida de poder adquisitivo” y que 
					“curiosamente se ha premiado a algunos miembros de la 
					Comisión de Valoración creando el puesto de gestores 
					administrativos”, por lo cual, concluyen que la RPT es 
					“torticera y soterrada” y que “lo único que consigue es 
					dividir a los funcionarios de esta casa”.  
					 
					A este respecto, CSI-CSIF-Sinpobal señala también que la RPT 
					ha generado “alarma social” entre los funcionarios y 
					“enturbiado un poco más el clima de confrontación en la 
					política de recursos humanos en el Ayuntamiento”. 
					 
					Ambos sindicatos concluyen, por ello, que “no ha habido 
					transparencia” y argumentan que no saber a cuántos euros 
					equivale un punto de la VPT provisional “ha generado 
					indefensión” entre los trabajadores. 
					 
					CSI-CSIF-Sinpobal recuerda que el propio viceconsejero de 
					Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
					Ceuta, Javier Ángel Díez Nieto, ha reconocido que la VPT 
					“está llena de errores”, debido a lo cual la coalición de 
					ambos sindicatos se pregunta por qué se publica: “¿No sería 
					aconsejable depurar esos errores y después publicar la RPT 
					una vez subsanados”?. 
					 
					Así, CSI-CSIF-Sinpobal indica que para la VPT “se han cogido 
					datos antiquísimos, del ejercicio 2005, sin tener en cuenta 
					todos los acuerdos plenarios y de Consejo de Gobierno”, 
					donde a lo largo de ese periodo se han creado puestos nuevos 
					y se han modificado puestos antiguos, asignándoles un nuevo 
					régimen retributivo que no aparece en el documento 
					publicado. 
					 
					Por todo ello, la coalición sindical mostró ayer “su más 
					profundo rechazo” al camino que lleva la RPT y quiso dejar 
					claro ante los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de 
					Ceuta que “en caso de ser aprobada, iniciará los trámites 
					judiciales oportunos para su total impugnación”. 
					 
					El comunicado de CSI-CSIF-Sinpobal concluye solicitando a 
					Juan Vivas que tenga en cuenta estos argumentos para para 
					“dejar sin efecto la publicación provisional de la VPT, no 
					generar más alarma social y tener unas Navidades 
					tranquilas”. 
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					Díez Nieto: “Los sindicatos han estado pidiéndola desde hace 
					tiempo y ahora parece que no les interesa” 
					Javier Ángel Díez Nieto, 
					viceconsejero de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de 
					Ceuta, mostró ayer su extrañeza por que parezca que a “los 
					sindicatos no les interesa” que salga adelante la Relación 
					de Puestos de Trabajo (RPT), “cuando la han estado pidiendo 
					desde hace tiempo”. Así, Díez Nieto calificó de “totalmente 
					exagerada” la postura de CSI-CSIF-Sinpobal, “porque lo 
					publicado no es la RPT, así que ni siquiera saben lo que van 
					a denunciar hasta que no se apruebe el documento, que será 
					diferente al actual, que es provisional”. El viceconsejero 
					recordó también que los sindicatos dijeron que se retiraban 
					del proceso de elaboración de la RPT “y ahora quieren 
					pararla”, si bien reconoció que el área de Recursos Humanos 
					“somos los primeros es saber que no es perfecta, pero para 
					avanzar hace falta andar”. Respecto a la baremación en 
					puntos, Díez Nieto indicó que la empresa Estrategia Local 
					tiene una fórmula para saber en cuántos euros se convierte 
					el punto. El titular de Recursos Humanos defendió el 
					establecimiento del Complemento de Puestos Transitorios 
					(CPT), que se congelará a los trabajadores que, según la RPT, 
					“hayan estados años cobrando más de lo que debían”, mientras 
					que los que cobraban menos y hacían las mismas funciones 
					pasaran a ganar como aquellos. 
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