|
La Ciudad Autónoma abrirá el
próximo lunes el plazo de alegaciones para que los
trabajadores de la Administración autonómica puedan formular
las alegaciones que consideren oportunas a la Valoración de
Puestos de Trabajo efectuada por una empresa externa al
objeto de dar los pasos necesarios que concluyan en la
elaboración definitiva de la anhelada Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) de la Asamblea. Hace muchos años que los
sindicatos y los partidos de la oposición han venido
utilizando este asunto contra el Ejecutivo de Juan Vivas y
específicamente contra el presidente para poner en solfa el
incumplimiento de una de sus promesas más antiguas, la de
ordenar de una vez por todas el confuso área de Recursos
Humanos, que carga con un lastre ante la opinión pública que
el Gobierno debe ser el primer interesado en erradicar. Dado
el peso que tiene en las partidas de gasto de cualquier
Administración y de cualquier empresa privada, la de
Personal es una política que cualquier gestor trata de
llevar ajustada al límite de sus posibilidades. El sector
público no debe ser una excepción en ese sentido. Casi al
contrario, es con el dinero de todos con el que más cuidado
debe tenerse. Cuando cunde la impresión de que una
institución es un espacio propicio para abonar el enchufismo
y el pago de favores en forma de puestos de trabajo pierde
la ciudadanía y pierde la sociedad democrática que acoge a
ese estamento en general porque el descrédito tiñe todo lo
que toca. Por todo eso es tan importante que, aún sin mucha
ayuda del resto de elementos implicados, el Gobierno se haya
decidido por fin a hacer pública la famosa Valoración. Ahora
hace falta que los sindicatos estén también a la altura de
su responsabilidad y que el proceso iniciado, una promesa
que por fin veremos cumplida, parece que con toda seguridad
antes del final de la legislatura y, como tanto se ha dicho
estos días, también este paso será un antes y un después, en
este caso para la vida interna de la Casa Pública, que es la
de todos.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
